Washington. Estados Unidos tomó medidas para intensificar su presión sobre Nicolás Maduro con un proyecto de ley que busca prohibir contratos con personas o empresas que realicen negocios con cualquier gobierno venezolano no reconocido por Washington.
Casi cuatro meses después de las elecciones venezolanas, la Cámara de Representantes aprobó este lunes el proyecto de ley bipartidista Bolívar. Sin embargo, aún necesita la aprobación del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos suscribir contratos con personas que realicen negocios “con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con cualquier otro “no reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
LEA MÁS: Venezuela acusa a opositores por ataques millonarios en industria petrolera
Caracas respondió con un comunicado en el que calificó la iniciativa como un “ataque criminal”.
“El acrónimo Bolívar es una ofensa al genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, valores contrarios a este ataque”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.
Según el gobierno de Venezuela, este instrumento busca impedir la cooperación económica entre ambos países. Además, denuncia que viola la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se suma a las más de 930 sanciones coercitivas, unilaterales y extraterritoriales impuestas por Washington a Caracas.
Impacto ‘limitado’
“Es una ley con un impacto limitado”, afirmó el analista Mariano De Alba, experto en geopolítica y derecho internacional. Según explicó a esta agencia, ya existe otra disposición que prohíbe al sector de defensa, incluido el Pentágono, suscribir contratos con compañías relacionadas comercialmente con el gobierno venezolano.
Washington considera fraudulentas las dos últimas reelecciones de Nicolás Maduro. Por esta razón, apoya a Edmundo González Urrutia, candidato de la líder opositora María Corina Machado. Tras los comicios, González Urrutia se exilió en España.
En un país marcado por la polarización política, la oposición a Maduro une a demócratas y republicanos.
Entre los impulsores del proyecto de ley destaca el republicano Mike Waltz, designado por el presidente electo Donald Trump como futuro asesor de Seguridad Nacional. Waltz mantiene una postura dura contra el gobierno venezolano.
“Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, afirmó Waltz en un comunicado.
LEA MÁS: Nicolás Maduro asegura que próximo presidente de Estados Unidos ‘tendrá que dialogar’ con Venezuela
Cortar ‘red de apoyo’
“Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión, no en brindar ayuda y consuelo a sus opresores”, indicó el congresista republicano, partidario de ampliar las sanciones.
La otra promotora de la ley, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, comparte la necesidad de incrementar la presión.
“A menos que Estados Unidos elimine los intereses corporativos que facilitan la corrupción y el robo electoral de Maduro, no podrá afirmar que está comprometido con el pueblo venezolano”, señaló.
Esta congresista ya promovió, junto a sus colegas republicanos, otros dos proyectos de ley en la Cámara de Representantes.
Por un lado, la ley Revocar, que busca rescindir las licencias concedidas a diversas petroleras para operar en Venezuela. Por otro, la ley Valor, que reafirma las sanciones financieras contra el Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela y las criptomonedas venezolanas, además de bloquear la asistencia exterior a cualquier país que ayude a Maduro.
La industria petrolera de Venezuela enfrenta sanciones desde 2019. No obstante, Washington otorga licencias individuales a varias compañías, como la estadounidense Chevron, para operar en el país.
La victoria electoral de Trump sugiere un endurecimiento de la postura de Washington.
Para De Alba, el proyecto de ley “indica cuál será probablemente la política futura”, que consistirá en “mantener las sanciones existentes y expandirlas o reimponerlas”.
LEA MÁS: Regreso de Donald Trump: Un reto para la relación entre Estados Unidos y Venezuela
La elección del senador Marco Rubio como futuro jefe de la diplomacia refuerza esta suposición.
Rubio “traerá consigo un endurecimiento de la política hacia Venezuela y Cuba, sanciones más estrictas y, lamentablemente, una retórica más dura y poco constructiva”, declaró a esta agencia Christopher Sabatini, investigador para América Latina del centro de análisis británico Chatham House, incluso antes de que Trump designara al senador latino para el cargo.
“No me sorprendería que Trump le otorgue carta blanca tanto a Marco Rubio como a Mike Waltz para que adelanten la política que consideren, probablemente con un discurso altisonante y expansión de sanciones”, concluyó De Alba.