EscucharEstados Unidos sancionó, este miércoles 19 de julio, a 13 funcionarios por respaldar confiscaciones y dejar apátridas a más de 300 opositores.
El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que los sandinistas fueron sancionados debido a que socavaron instituciones democráticas al participar en represalias contra los grupos opositores.
Entre los funcionarios se encuentran Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional; Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta del Parlamento; y Alejandro Majía Ferreti, tercer secretario de ese poder del Estado.
A estos funcionarios se les eliminó la visa por los mismos actos de corrupción y acciones contra la democracia.
Además, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, también fue sancionada. Es acusada de socavar los procesos o las instituciones democráticas al utilizar su cargo para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal.
Sin embargo, el país norteamericano dio a conocer la lista completa de los 13 funcionarios mediante un comunicado de prensa y especificó los motivos de sus sanciones.
El documento también señala que son castigados aquellos involucrados en contratos gubernamentales, corrupción y actos de violencia.
“Son castigados aquellos involucrados en contratos gubernamentales, soborno y extorsión, la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigida a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, aclara el comunicado.
Por otro lado, la lista incluye a funcionarios o exfuncionarios públicos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
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“El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, asegura el comunicado.
