EscucharWashington. Estados Unidos lidia con un sistema migratorio “roto”, dijo este miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien quiere más agentes fronterizos ante la ola de migrantes que posiblemente empeorará cuando se levante la norma sanitaria que permite expulsarlos a casi todos.
El gobierno del demócrata Joe Biden quiere revocar el 23 de mayo la norma conocida como Título 42 y que se aplica desde el comienzo de la pandemia para expulsar de inmediato a casi todos los indocumentados.
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Pero una corte amenaza con truncar sus planes con una orden de restricción temporal que impide que el gobierno tome medidas antes de la vista judicial del 13 de mayo que determinará si se puede levantar el Título 42 o no.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio cuenta de 7.800 detenciones de inmigrantes indocumentados por día a lo largo de la frontera con México en las últimas tres semanas, casi cinco veces el promedio de 2014-2019, antes de la pandemia.
“Heredamos un sistema roto y desmantelado que ya está bajo presión. No está diseñado para administrar los niveles y tipos actuales de flujos migratorios”, dijo Mayorkas al Subcomité de Seguridad Nacional de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
Mayorkas creó un plan para aumentar el personal fronterizo, arremeter contra los traficantes de personas, incrementar la capacidad de arresto de aquellos que no son aceptados en territorio estadounidense, ayudar a las oenegés que se ocupan de los solicitantes de asilo y acelerar el procesamiento de esos casos para reducir a menos de un año el tiempo que tarda un inmigrante en recibir el asilo. Actualmente el promedio es de entre 6 y 8 años, según él.
“Llevará tiempo”
“Solicité fondos para contratar a 300 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, el primer aumento desde 2011″, afirmó.
El aumento de migrantes “pondrá a prueba” nuestro sistema, dijo. “Llevará tiempo y necesitamos la colaboración del Congreso, los funcionarios estatales y locales, las oenegés y las comunidades” para tener éxito.
Desde que el Título 42 se empezó a aplicar en marzo de 2020, cuando el republicano Donald Trump estaba en el poder, se han registrado más de 1,7 millones de expulsiones de inmigrantes. Algunos intentan volver a entrar por lo que han sido expulsados varias veces.
La decisión de abandonar el Título 42 fue tomada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que estiman que “ya no se necesita”.
Esta conclusión ha levantado ampollas entre los congresistas republicanos. Ciento treinta de ellos criticaron en una carta el “fracaso” de Mayorkas “en mantener la seguridad en la frontera”. Se quejan de que su plan no incluye nuevos gastos importantes, no considera la posibilidad de que los CDC revoquen su decisión sobre el Título 42 y tampoco contempla la promesa de que completará el polémico muro fronterizo de Trump.
Los demócratas de los estados fronterizos que se presentan a la reelección en las elecciones de medio mandato de noviembre también están descontentos con la Casa Blanca, a la que acusan de carecer de una alternativa para controlar la frontera una vez que se rescinda el Título 42.
Si se revoca esta norma, los inmigrantes podrán solicitar una entrada humanitaria bajo el Título 8, lo cual, según algunas voces, favorecerá la entrada de miles de migrantes a quienes se les permitiría quedarse mientras se examinen sus solicitudes.
El Congreso podría exigir una votación para restablecer la medida, supeditándolo a la aprobación de cualquier tramo de ayuda contra el covid-19.
El secretario de Salud, Xavier Becerra, estimó este miércoles en el Subcomité de Salud de la Cámara de Representantes, que utilizar el Título 42 para tratar la inmigración es “como usar un cuchillo para hacer un trabajo que harías con un destornillador”.
Por otro lado, Mayorkas reiteró este miércoles su desacuerdo con los Protocolos de Protección al Migrante (conocidos como “Quédate en México” o MPP) que obligan a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos del otro lado de la frontera y que el gobierno de Biden se ve obligado a mantener por decisión judicial.
El secretario de Seguridad Nacional afirmó haber recibido un informe que da cuenta de “más de 1.500 incidentes de asesinato, violación, tortura y otros delitos cometidos contra personas que estaban sujetas al programa Quédate en México”.
