Managua. El Gobierno de Nicaragua excarceló a dos exdiplomáticos y un excandidato presidencial de oposición que permanecían detenidos y fueron puestos bajo arresto domiciliar “por razones humanitarias”, dijo este sábado el Ministerio Público.
El exaspirante presidencial Arturo Cruz y el excanciller Francisco Aguirre, ambos de 77 años, así como el exvicecanciller José Pallais, de 68 años, estaban detenidos bajo cargos de “menoscabo a la integridad nacional” y ahora permanecerán detenidos en sus domicilios con “custodia policial”, señaló la Fiscalía nicaragüense en un comunicado.
La Fiscalía señaló que “al tener conocimiento del estado de salud de las personas antes referidas, por razones humanitarias pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por detención domiciliaria”. Los tres opositores cambiaron el régimen de detención una semana después de la muerte del exguerrillero Hugo Torres, uno de los 46 detenidos que falleció por causas no mencionadas semanas después de haber sido llevado en estado grave a un hospital.
Los excarcelados son parte de un grupo de 46 opositores detenidos el año pasado en el contexto electoral, entre ellos siete aspirantes a la presidencia y potenciales rivales del presidente Daniel Ortega, quien obtuvo un cuarto mandato consecutivo en los comicios de noviembre. Esta es la primera excarcelación de opositores, cuya liberación inmediata fue reclamada el viernes por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Aguirre ya contaba con una declaración de culpabilidad y espera que se dicte sentencia, mientras que el juicio contra Cruz y Pallais se desarrolla desde el martes en una maratónica sesión junto a otros cinco opositores. Familiares de los detenidos que asisten a la audiencia denunciaron que durante el juicio pudieron observar que Pallais sufrió desmayos, en tanto Cruz mostraba signos de padecer el mal de Parkinson.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció en sus redes sociales que el viernes la audiencia contó con la presencia de "un médico del Hospital Roberto Huembes (de la policía), lo que evidencia que el mismo régimen reconoce el deplorable estado de salud de los presos, el riesgo de un daño irreparable".
De los opositores presos, al menos 21 ya fueron declarados culpables. En consecuencia, 13 recibieron sentencias de entre 8 y 13 años de prisión, según el CENIDH. Yonarqui Martínez, abogada de opositores presos, celebró la medida y afirmó que los “tres inocentes que jamás debieron de pasar por tratos crueles están en casa”. Agregó: ”nos quedan más personas de la tercera edad (...) lo idóneo es la libertad absoluta de todos”.
Evidente deterioro
Familiares de detenidos denunciaron de forma reiterada el deterioro progresivo en la salud de sus seres queridos, con pérdida extrema de peso y de piezas dentales, desnutrición, problemas de memoria, de movilidad y desmayos.
En ese contexto ocurrió la muerte de Torres, de 73 años, lo que provocó condenas al Gobierno de parte de la comunidad internacional y pedidos de una investigación independiente para determinar las circunstancias en las que murió. El Gobierno no se ha pronunciado al respecto. Organismos de derechos humanos estiman que los opositores y críticos del gobierno apresados en el contexto de la crisis política que vive el país desde 2018 suman 170, incluidos los 46 del año pasado.
El presidente Daniel Ortega afirma que estos presos son “criminales” y “delincuentes” que querían dar un golpe de Estado contra su Gobierno con las protestas del 2018, en las que —según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH)— murieron 355 personas y más de 100.000 se fueron al exilio.