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Santo Domingo. La familia de uno de los 231 fallecidos en el desastre de la discoteca que se desplomó en República Dominicana pidió el martes a la fiscalía que impute por homicidio involuntario a los dueños del establecimiento, así como a las autoridades por omisión en los daños que llevaron al colapso de esta estructura.
El documento indicó que “resulta inequívoco que hay méritos probatorios suficientes para sindicarle” a la familia propietaria del club Jet Set este delito.
“El Estado dominicano puede ser demandado por responsabilidad civil, tanto por hechos ilícitos cometidos por sus agentes como por omisiones en el cumplimiento de sus deberes legales”, añadió el texto.
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La querella
La querella fue presentada por los familiares de Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauny Cedano en contra de Antonio Espaillat López y su madre Ana Grecia López, propietarios de Jet Set.
En sus conclusiones, solicitan que se condene a Espaillat López y a Ana Grecia López, así como a la sociedad comercial Inversiones E y L, S.R.L., Jet Set Club, de manera conjunta, solidaria e indivisible, al pago del monto que se determine oportunamente en favor y provecho de los querellantes en calidad de víctimas (esposa y padres del occiso), por concepto de daños materiales y morales sufridos.
Igualmente, solicitan que se condene a los encartados, al Estado dominicano y a la ADN, de manera conjunta, solidaria e indivisible, al pago de la suma que se determine oportunamente a favor de los querellantes.
En el texto consideran que la discoteca, con 52 años de antigüedad, sufría de filtraciones y caída parcial de pedazos y polvillo del techo, y que ha tenido remodelaciones, una de ellas como resultado del incendio de julio de 2023.
Sostienen que el edificio presentaba debilitamiento de la estructura por la antigüedad, el incendio, los remiendos, las filtraciones, las cargas indebidas en el techo (como almacenes y equipos pesados de aire acondicionado), fisuras en el techo y otros efectos.
Explican que, a pesar de esto, los gerentes fueron negligentes al no haber realizado una planificación adecuada en la expansión, modificaciones, diseño de seguridad y fortalecimiento de las estructuras y del techo del edificio, e inobservando las regulaciones y normativas al efecto.
Los querellantes alegan que los hechos narrados en la instancia evidencian una cadena de negligencias estructurales y omisiones de seguridad, atribuibles no sólo a los gerentes y accionistas de la discoteca, sino también a las instituciones públicas, como la Alcaldía del Distrito Nacional, llamadas por ley a prevenir riesgos y garantizar la integridad física de los ciudadanos.
Destacan que estas instituciones, al fallar en sus deberes de inspección, fiscalización y control, violaron sus funciones legales y propiciaron un ambiente de peligro que culminó en esta tragedia evitable.
“Esta acción judicial busca sentar precedentes sobre la responsabilidad de los propietarios de centros de entretenimiento en garantizar condiciones adecuadas de seguridad, así como del Estado que repare daños por faltar en su rol de fiscalizador”, expresó Félix Portes, el abogado de la familia.
