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Soyapango. Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le permitan verlo “aunque sea un minuto” para confirmar que sigue con vida.
En su modesta vivienda en Soyapango, localidad a 12 km de la capital controlada antes por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a esta agencia fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre el caso.
“Aquí no tengo certeza de que esté vivo”, comenta este panadero de 57 años, señalando documentos donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.
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El joven fue apresado en diciembre de 2022, cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas, iniciada ese año por el presidente Nayib Bukele, quien goza de gran popularidad y un poder estatal casi absoluto.
Según la ONG Socorro Jurídico Humanitario, unas 30.000 personas inocentes figuran entre las 83.000 detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de pandillas, bajo el régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.
Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos permanecen incomunicados y muchas familias desconocen su paradero y estado. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin certeza de que llegue a su hijo.
Familiares desean conocer estado de sus hijos
Su estrés y la de otros cientos de familiares de detenidos crece con las denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertes en prisión desde 2022.
A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores relatan a esta agencia que la policía arrestó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.
Entre los detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, intentó todo para verlo: “Lo que quiero saber es si mi hijo está vivo o muerto”.
Bajo el lema “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados médicos y visitas en las prisiones.
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“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en que están miles de personas”, comentó a esta agencia Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, asegura que las autoridades actúan “responsablemente” y “evitan abusos”, y acusa a las ONG de servir a “criminales”.
A Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a muchos, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, relata el padre.
“Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene en la pared el retrato de su hijo en su graduación de 2019, con chaqueta y corbata.
Madres solicitan ver a sus hijos detenidos en CECOT
Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, cuenta que su hijo José, conductor de tractores de 27 años, sigue preso a pesar de tener dos órdenes de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023.
Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos los considerados pandilleros de mayor peligrosidad.
“No entiendo por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Ya son tres años sin verlo”, lamentó.
La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, informó a esta agencia que cientos de detenidos ya tienen órdenes de libertad, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.
En un caso insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, quien fue excarcelado apenas en octubre, luego de que la ONG denunciara el caso ante la ONU.
Santos no aspira a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que sigue “luchando” por él.
