Brasilia y Miami. Un juez autorizó al expresidente brasileño Fernando Collor a ser candidato para cargos electos, contrariando una decisión del máximo tribunal del país, anunciaron ayer fuentes judiciales.
El dictamen emitido el lunes por el juez interino de la Sexta Vara de la Justicia Federal, Antonio Oswaldo Scarpa, respondió a un pedido de los abogados de Collor, quien en 1992 renunció en medio de un escándalo por cargos de corrupción en su gobierno.
Pero la decisión, que contrarió otra adoptada por el Supremo Tribunal Federal en diciembre, podrá ser anulada en esperados recursos ante otros foros de mayor investidura, anunció una portavoz del STF.
En 1992, el Senado suspendió por ocho años el derecho de Collor de ocupar cargos públicos, y el STF, máximo tribunal judicial de Brasil, rechazó por unanimidad, el mes pasado, una apelación del exmandatario.
Pero el juez Scarpa aceptó otro recurso de Collor y afirmó que la medida del Senado no afectaba sus derechos políticos y, por lo tanto, la posibilidad de ocupar cargos electos.
"La inhabilitación para el ejercicio de cargo electo exige previsión legal expresa, bajo pena de violarse la soberanía popular y el ejercicio de la democracia directa", destacó en su dictamen, parcialmente divulgado por la prensa local.
Tras conocerse el dictamen del juez, se anunció que Collor viajará de regreso a su país "en los próximos días, la semana próxima o quizás la siguiente", según dijo a la agencia AFP la secretaria privada del exjefe de Estado, autoexiliado en Miami.
Fernanda Collor, secretaria del expresidente -quien carece de parentesco con el exjefe de Estado-, dijo que "el presidente volvió hace unas horas de Aspen (estación de esquí en Colorado, centro de Estados Unidos) y tenía previsto viajar a Brasil en cuanto se produjera esta decisión".
Turbulenta carrera
Collor renunció en diciembre de 1992, al final del segundo año de su mandato de cuatro, en momentos en que el Senado debatía un pedido de inhabilitación.
En diciembre de 1994, el STF absolvió a Collor de cargos de corrupción pasiva en el marco de un denunciado esquema de venta de influencias dentro de su gobierno.
Pero el tribunal condenó a su extesorero de campaña, Paulo César Farías, por acusaciones que incluyeron la apertura de cuentas "fantasmas" para el manejo del dinero ilícitamente obtenido.
Farías y su novia, Suzana Marcolino, aparecieron muertos a balazos en 1996. La policía calificó el caso de un asesinato seguido de suicidio, cometidos supuestamente por la mujer; pero la justicia mantiene aún abierto el caso.