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“La prueba para el fiscal es hallar el equilibrio adecuado entre respetar a las nuevas autoridades y recordarles sus obligaciones”, explica Dov Jacobs, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Leiden (Holanda).
En su visita a Libia, el fiscal abordará con el nuevo gobierno libio la entrega de Saif al-Islam, hijo del difunto líder Muammar Gadafi, y del exjefe de los servicios secretos libios Abdalá al-Senusi, sobre los que pesan órdenes de arresto de la CPI desde junio.
Saif al-Islam, de 39 años, detenido el sábado por la noche en el sur de Libia, y Abdalá al-Senusi, de 62 años, arrestado el domingo en el sur del país, están acusados de crímenes contra la humanidad cometidos desde el 15 de febrero hasta, por lo menos, finales de ese mes. La CPI tiene competencia en Libia en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada el 26 de febrero.
Las autoridades libias anunciaron el domingo su intención de organizar ellas el juicio de ambos hombres, obviando así un sinfín de llamados de la comunidad internacional pidiendo su entrega a la CPI.
Este tribunal solo puede juzgar a los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad o de guerra cuando la justicia de sus países de origen no quiere o no puede llevar a cabo una investigación o imputarlos.
Si las nuevas autoridades libias quieren juzgar a Saif al-Islam, sucesor de su padre, y a al-Senusi deberán presentar una demanda en este sentido ante la CPI y convencerla de que están en condiciones de hacerlo.
De los ocho hijos biológicos de Gadafi, tres de ellos, Mutassim, Jamis y Saif al-Arab, murieron en la reciente la guerra civil libia, cuatro (Saadi, Mohamed, Aisha y Hanibal) escaparon a Níger y Argelia junto con su madre Safia; la segunda esposa del dictador.
