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Los cabecillas de los grupos guerrilleros y paramilitares colombianos fueron demandados ante la Corte Penal Internacional (CPI) por 26.000 secuestros que en muchos casos derivaron en asesinatos, torturas y daño psicológico a los rehenes y sus familias.
“Son delitos de lesa humanidad cometidos por criminales genocidas que no deben quedar en la impunidad”, dijo ayer Patricia Villaveces, directora de País Libre, una fundación privada que lucha contra el secuestro en Colombia.
La denuncia involucra a dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las dos principales guerrillas del país, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una confederación de grupos paramilitares, y las Autodefensas Campesinas de Córdoba (ACC).
“El secuestro es una política de estas organizaciones que tienen unas jerarquías las cuales deben responder por este y otros delitos conexos que el estado colombiano no ha podido o no ha querido castigar”, explicó Villaveces.
Contra la impunidad
La investigación de los 26.000 casos de secuestro, registrados los últimos 20 años, determinó que la justicia colombiana solo produjo condenas en 16 casos y los demás quedaron en la impunidad.
La mayor parte de las condenas tampoco se han podido cumplir pues los dirigentes de los grupos guerrilleros y paramilitares no han podido ser capturados.
Después de una tarea de dos años para documentar cada caso, la demanda fue planteada en junio ante la CPI en La Haya y fue publicada ayer a raíz del asesinato de una niña de 15 años, Daniela Vanegas, tras permanecer casi un año en poder de un grupo que dijo ser del bloque oriental de las FARC, la guerrilla que encabeza las estadísticas de secuestro.
Daniela fue asesinada de cuatro cuchilladas por los presuntos guerrilleros después que su familia no pudo pagar el rescate de $1,2 millones.
