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La tortura fue una política de Estado durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile, según un estudio de una comisión especial del gobierno.
La investigación estableció que después de la DINA (la policía represiva de Pinochet) y del ejército, la armada fue una de las instituciones que más violó los derechos humanos durante la dictadura militar, de 1973 a 1990.
La tesis vigente de las fuerzas armadas es que las violaciones a los derechos humanos fueron excesos cometidos por hombres que sobrepasaron a sus mandos.
El propio Pinochet, en una entrevista en noviembre, negó lo que llamó “excesos” y culpó de los crímenes a “gente que no se controla (...) subalternos que actúan y que ahora se quedan callados”.
Según el estudio, el ejército aplicó tormentos en todos los cuarteles donde hubo detenidos.
El informe fue encargado hace un año por el presidente Ricardo Lagos, para establecer una “reparación económica simbólica” a los abusados que sobrevivieron.
En octubre o noviembre el mandatario lo hará público.
Según publicó ayer el diario El Mercurio el informe mostrará mapas de sitios de torturas en todo el país, y describirá lugares emblemáticos como La Esmeralda, el buque escuela de la armada.
La armada siempre ha negado las torturas en La Esmeralda, pero cada vez aparecen más testigos que relatan crueles abusos.
30.000 torturados
El Mercurio dice que en el estudio “se encuentran acreditados unos 30.000 casos de personas agredidas, que incluyen abusos sexuales contra mujeres”.
Las fuerzas armadas participaron durante 10 meses en una mesa de diálogo con civiles representativos, que concluyó en el año 2000 con un informe en el que reconocieron los asesinatos y torturas cometidos por militares, pero negaron que se hubiera tratado de una política de Estado.
La dictadura de Pinochet dejó un saldo oficial de 3.065 opositores muertos, entre ellos unos 1.200 que están en una lista de detenidos-desaparecidos.
Los militares entregaron a Lagos un listado de 200 nombres de opositores muertos, con la precisión de que los cuerpos de 151 fueron lanzados al mar, ríos y lagos y los 49 restantes, enterrados en fosas clandestinas.
Sin embargo, el informe de las fuerzas armadas no fue muy preciso porque en algunos casos hubo restos que supuestamente fueron lanzados al mar, pero aparecieron en fosas clandestinas.
En otros fueron removidos y lanzados al mar, como comprobó la jueza Amanda Valdovinos.
En el informe se relatan los tipos de torturas y se intenta explicar los efectos sociales.
No obstante, no incluye los nombres de los torturadores ni de quienes dieron las órdenes.
