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Bogotá. En unos meses estaría lista la decisión de apelación que definirá si la abogada colombiana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez queda en libertad o si seguirá presa hasta el 2025, como lo determina la condena en su contra por una treta para colar a narcos en los listados de desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Lorza, apodada “la abogada del diablo”, apeló en noviembre la condena que le impuso en octubre la Corte para el Distrito Este de Texas y que la tiene presa en la Correccional Federal Aliceville, localizada en Alabama, Estados Unidos.
Según el expediente, la abogada, de 49 años, aprovechó el Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las FARC, que le garantizó a los desmovilizados que no serían extraditados por crímenes cometidos antes del 2016, para hacerse con millones de dólares convenciendo a narcos de que podía garantizarles ese mismo trato.
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Puntualmente, según información presentada a la Corte, a partir del 2016, Lorza le informó a por lo menos siete narcos acusados en los Distritos Este de Texas, y Medio y Sur de Florida, que podría ayudarlos a evitar la extradición a los Estados Unidos metiendo sus nombres a la lista de miembros de las FARC.
A cambio de esas maniobras ilícitas, los narcos le pagaron a Lorza más de $3 millones (¢1.750 millones) según la condena. En el curso de la investigación se conoció que algunos de los narcotraficantes a los que se habría acercado la abogada fueron Juan Carlos Melo Guerrero Ramiro “Aurelio”, Ramiro Figueroa Legarda, alias “Rocco”; Gerardo Enrique Obando Montano, “Cheko”, y Tomás Martínez Minota, “Manaba”.
El fiscal federal Brit Featherst aseguró que las acciones de la abogada “no solo pervirtieron el estado de derecho y el proceso de paz en Colombia, sino que también obstaculizaron las investigaciones en curso que facilitaron el flujo de drogas ilegales hacia los EE. UU. al proteger a peligrosos narcotraficantes”.
La mujer fue acusada formalmente por un gran jurado federal en el Distrito Este de Texas el 10 de mayo del 2018, su extradición se autorizó en enero del 2021 y fue hallada culpable de obstrucción de la justicia y complicidad el 10 de junio del 2022, luego de un juicio de una semana ante el juez federal de distrito Sean D. Jordan.
Aunque se enfrentaba a una pena máxima de hasta 20 años en una prisión federal, el 20 de octubre del 2022, en audiencia, se anunció que el monto de la sentencia era de 90 meses de cárcel, poco más de 7 años.
En su sentencia le valieron parte del tiempo que pasó presa tras su detención en Colombia en junio del 2019, ya que según el registro de la Agencia Federal de Prisiones, su fecha de salida de Aliceville es el 11 de noviembre del 2025, que es solo 3 años después de su condena.
Pero como ahora cursa la apelación, conocida por El Tiempo, si gana ese proceso podría salir libre antes. Esta apelación la interpuso ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, al que presentó su caso el 10 de noviembre del 2022, desde entonces en este tribunal se registraron 10 movimientos en el expediente y el último fue el 6 de enero del 2023, según registros judiciales.
Esa última actuación es una notificación de que se recibió completa la transcripción de los 7 días de juicio y la sentencia contra Lorza Ramírez, que ella misma presentó para el estudio que deberá hacer el tribunal de apelaciones y que podría tomar varios meses antes de una decisión final.
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No es la primera condena
El caso de la abogada por intentar incluir a narcos en las listas de las FARC es el más conocido, pero en el 2012 Lorza también enfrentó a la justicia norteamericana. En mayo del 2012 fue acusada junto con James Arley Velasco González de conspiración para cometer lavado de dinero y cargos sustantivos de lavado de dinero.
Puntualmente, la acusación indicaba que entre enero del 2006 y diciembre del 2010, Lorza y Velasco lavaron aproximadamente $3 millones (¢1.750 millones) que ganaron por fraudes de atención médica para varias compañías usando sus propias empresas, incluidas Celebration Home Services, Inc., 4 All Your Needs, Inc., VPP Staffing, Inc, y Work Force Innovations, Inc.
El 29 de noviembre del 2012 fue condenada a 24 meses de prisión, que luego fue reducido a “tiempo cumplido”, por lo que quedó libre.
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