Acusan de ‘conspiración’ a obispo crítico del gobierno en Nicaragua

El obispo, de 56 años, fue acusado "por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses", precisó el Complejo Judicial Central de Managua en una nota de prensa.

La acusación fue presentada por el Ministerio Público (fiscalía) ante un juez de los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, indica la nota.

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El juez decidió mantener al obispo bajo arresto domiciliario, le nombró un defensor público y programó para el 10 de enero de 2023 la primera audiencia previa al juicio, cuya fecha aún no ha sido definida.

Álvarez, obispo de la diócesis del norteño departamento de Matagalpa, fue trasladado por la policía el pasado 19 de agosto a Managua y puesto en arresto domiciliario, después de haber permanecido retenido durante dos semanas dentro de su curia.

Tras su detención, la policía informó que el obispo, quien también es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), estaba siendo investigado por intentar "desestabilizar el país".

Junto con prelado también fueron detenidos, en agosto, otros seis religiosos, quienes fueron recluidos en una cárcel de Managua, sin que se conozcan hasta el momento de manera oficial los cargos que existen contra ellos.

En una foto publicada este martes por la web oficial El 19 Digital se observa a Álvarez sentado en una silla del juzgado.

Es la primera vez que es retratado desde que fue confinado en un domicilio en Managua, donde ha sido visitado algunas veces por el cardenal Leopoldo Brenes y otros sacerdotes.

Este martes, la fiscalía también presentó cargos contra el párroco de la ciudad de Sébaco (centro) Uriel Antonio Vallejos, a quien declaró "prófugo de la justicia" y "giró oficio a INTERPOL (policía internacional) para su captura", señala la nota.

Los cargos contra el obispo Álvarez se producen en medio las tensas relaciones que la iglesia católica tiene con el gobierno de Ortega desde el 2018, cuando el país fue sacudido por fuertes protestas antigubernamentales.

El mandatario vinculó las manifestaciones a un fallido golpe de estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington, y acusó a los obispos de ser cómplices del complot.

Este año el gobierno expulsó al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, ilegalizó la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta y cerró varios medios católicos, entre ellos el canal de televisión de la Conferencia Episcopal.