EscucharCiudad de México. Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina.
Rubén Ortega Montes, analista en seguridad en México, las describe como “bodegas humanas”, esos espacios en los que se elimina de manera parcial a quienes son perseguidos por la comisión de hechos delictuosos y muchos de los cuales pasan años antes de recibir una sentencia.
LEA MÁS: Populismo penal en América Latina: la ley del más fuerte
El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes.
La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad.
A esto se suman otros factores, como el de los miles de presos que pasan años sin recibir sentencia. Y hay países, como Venezuela o El Salvador, donde debido a la situación política, resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre en el interior de las cárceles.
Saturación
De los 12 países analizados de 2016 a 2022, solo Colombia, Costa Rica, Venezuela y el territorio de Puerto Rico presentan una tendencia a la baja en su población penitenciaria: es decir, que la cantidad de reos en sus cárceles ha descendido, pero en Venezuela solo se cuenta con datos del 2020 y el 2022.
Las cárceles de Puerto Rico son las únicas que no registran sobrepoblación; al contrario, la cantidad de presos disminuye desde el 2016: de 11.642 a 7.252 en el periodo 2021-2022.
Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de siete años son Brasil, México y Argentina, ya que tienen una mayor densidad de población.
En México, el 47,3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146,08%, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En los últimos siete años, la población penitenciaria de México solo estuvo por debajo de los 200.000 reos en el 2018.
En Argentina, desde el 2016, las cifras de presos van en aumento; para el 2022, este dato creció un 33%: de 76.261 reclusos en el 2016 pasó a 101.267 en el 2021, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep).
Sólo en Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento en unidades penitenciarias de 27.000, la sobrepoblación es de 118%.
En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en el 2021 un total de 833.176 presos, mientras que en el 2019 había 755.247.
Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, ya que, de acuerdo con registros oficiales, en el 2019 había 41.977 personas recluidas; en el 2020, esta cifra cayó a 3.813 y en el 2021 nuevamente alcanzó los 38.718 recluidos.
Este cambio fue debido a la libertad vigilada (de marzo a octubre del 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La sobrepoblación carcelaria en ese país pasó de 0,5% en el 2016 a 7% en el 2022.
En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).
“La población carcelaria, revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), era de 97.860 hasta diciembre del 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. En realidad, solo hay cupo para 81.175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras del 2022, es de 16.685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21%”.
Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16.265 en el 2019 (31% de sobrepoblación); en el 2022, la sobrepoblación era del 6,4%; este año, con 15,141 presos, la sobrepoblación es del 10%.
Sin embargo, hay cárceles los centros Nelson Mandela (en San Carlos) y Gerardo Rodríguez (dentro del complejo La Reforma), con una sobrepoblación superior al 40%.
En el caso de El Salvador, desde marzo del 2022 no se cuentan con cifras reales de la cantidad de personas privadas de la libertad. Para diciembre del 2016, tenía una población carcelaria de 36.824 reos; un año después, había subido a 39.279 y para diciembre del 2018 había 39.642. El hacinamiento en diciembre del 2016 era del 264%; para diciembre del 2018, del 69%.
En febrero de este año, el gobierno inauguró el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que el presidente Nayib Bukele anunció como “la cárcel más grande de Latinoamérica”, con capacidad para 40.000 personas privadas de libertad. Hasta mayo pasado, habían sido trasladados allí unos 5.000 presos, según datos del gobierno.
En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100%; es decir, que hay 89.877 reos y solo tienen espacio para 41.000. El hacinamiento llega a más de 400% o incluso de 500%, como en el EP Callao.
En República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25.437 en el 2016 a 26.782 en el 2017; para el 2020 ya era de 27.026; en el 2022 era de 25.711. Actualmente se cifra en 25.370, con una tasa de hacinamiento de 62%, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP)
Según el último informe (2021) publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, “en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”.
En el 2019, la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8,3%; en el 2020 subió a 12,6%. En cuanto a la sobrepoblación, un ejemplo basta: en la Unidad 5 (cárcel de mujeres), la ocupación era del 143% en el 2021.
En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para el 2022, la población carcelaria era de 32.200, cuando la capacidad máxima es de 20.438.
“Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas, que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de la Salud”, determinó el Observatorio.
La sobrepoblación es en sí violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos, pero, además, da paso a otros problemas.
En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2.000 personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7.608.
“El centro posee la cantidad más elevada de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado “Los Malogrados”. La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.
Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares y de abogados. Pero hay países, como El Salvador, donde eso está prohibido. Desde el 1.° de marzo del 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad.
La prohibición se inició en el 2019, pero solo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al iniciar la pandemia de covid-19, se extendió a los demás presos.
Motines y extorsiones
Aunque no al nivel de los motines que se han visto en prisiones en Ecuador o en Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones evaluadas aquí.
México destaca en el rubro, según el Violentómetro Penitenciario que elabora la organización civil Así Legal. En el 2019, se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a 1.045 privados de la libertad. Para el 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2.499 incidentes violentos. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.
Las restricciones de la pandemia también golpearon las cárceles. El 21 de marzo del 2020, presos en la cárcel La Modelo, considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se estaba dando a los contagios de covid-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos (23 de ellos con arma de fuego) y 107 heridos.
La situación se repitió tres meses después en Argentina, donde el diario La Nación reportó motines de reclusos que exigían beneficios excarcelarios para evitar el peligro de los contagios masivos, con un saldo de al menos cinco muertos.
Má allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines en los penales. En Costa Rica, las riñas han dejado cuatro reos muertos este año, y en República Dominicana, se registraron al menos 15 motines, con 11 reclusos fallecidos en el 2022.
En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió en julio del 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando Ro. Murieron 57 reclusos.
En El Salvador no hay informes de riñas o motines recientes. En cambio, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas (116) capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles denuncian que se trata de muertos a manos del Estado, torturados o por descuido, y exigen a instancias internacionales investigar los hechos.
A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México a Colombia y Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas, que estudió siete prisiones, encontró que desde allí se planifican y controlan “más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares”.
Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes, que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región. En Argentina, este problema crece en los últimos años, además de extorsiones, organizaciones del crimen organizado orquestan desde prisión venganzas y ataques extramuros.
Los jefes de jefes
El tema de extorsiones y motines está estrechamente ligado a una realidad que se vive en muchas de las prisiones analizadas: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos “jefes de jefes”.
Mientras en países como Perú, Costa Rica y Uruguay, no hay grupos identificados que controlen las cárceles, la violencia o extorsiones; en México, son los carteles los que están al frente. Principalmente, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, seguidos por el Cartel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leyva y los Zetas.
Los tentáculos de estos carteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, “el control de los penales está entre los objetivos de los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, como se ha visto en Ecuador. En Chile puede serlo perfectamente el Tren de Aragua, el que ejerce el control”.
El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas.
En Colombia, hoy los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del 2000, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En El Salvador, son las pandillas las que se conoce tienen control en muchas de las prisiones, obteniendo beneficios que incluyen la libertad de líderes pandilleros, a pesar de ser solicitados en extradición por Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar eso? No hay una respuesta oficial.
Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el PCC y el Comando Vermelho.
¿Y las respuestas de las autoridades?
El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser, en México, según datos del gobierno de la Ciudad de México, del equivalente a $900 mensuales.
En Chile, el gasto promedio mensual por interno, al cierre de 2021, era del equivalente a $1.012 al cambio actual, una cifra similar a la de Uruguay (unos $1.024 mensuales).
A pesar de ello, en general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas de miras. En su gran mayoría, el enfoque se limita a reducir la sobrepoblación con traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos, la participación del sector privado, entre otros. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo.
Existen, al mismo tiempo, programas, con distintos grados de desarrollo, para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio o trabajar desde prisión y obtener algún dinero.
También hay programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves –en general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas o crímenes violentos o de narcotráfico- y siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones.
Sin embargo, son pocos los países con programas más extensos, enfocados en ayudar a las personas privadas de la libertad a crecer como seres humanos e incentivarlos a cambiar de vida una vez fuera de prisión.
En República Dominicana, existen programas enfocados en la salud mental, otros, llamados “de medio libre”, buscan alternativas a la reclusión; también hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos o laborales. Pero este tipo de casos son contados en la región.
“La creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior” de las cárceles, sumado “al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad”, las convierten en centros “donde los fines de reinserción social solo son utópicos”, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en enero del 2023. La descripción aplica a nivel regional.
---
* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.
