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Santiago. Ante el avance del coronavirus en Chile, con 238 casos, el presidente Sebastián Piñera decretó este miércoles un “estado de excepción constitucional por catástrofe” que deja en manos de los militares el orden público, en un país sacudido desde octubre por una crisis social.
La decisión de Piñera fue ampliamente respaldada por el mundo político y los expertos, que reclamaban extremar las medidas de control para no repetir la experiencia de países como Francia e Italia, donde se dispararon los contagios de una semana a la otra.
El mandatario optó por volver a dejar en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad del país cinco meses después del estallido social que golpeó a su gobierno y derrumbó su popularidad, sobre todo por haber recurrido a los militares durante 10 días para controlar el orden público en octubre.
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En un momento en que Piñera “goza de niveles de popularidad y de legitimidad muy bajos, debe responder a las recomendaciones de expertos y a la presión política que de manera transversal se ha impuesto en los últimos días en Chile” a favor de medidas drásticas, dijo el analista de la Universidad de Santiago Marcelo Mella.
Según Piñera, el estado de excepción por catástrofe permitirá garantizar la seguridad en los hospitales y centros de atención sanitaria, proteger el traslado de insumos médicos, y facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico.
También busca que se cumplan las cuarentenas y las medidas de aislamiento social, junto con garantizar la cadena de producción y distribución ante una mayor demanda en supermercados y farmacias.
"Las Fuerzas Armadas podrán actuar como verdaderas fuerzas sanitarias, colaborando con todos los funcionarios de nuestro sistema de salud", explicó Piñera.
La medida de excepción permite al presidente restringir reuniones en espacios públicos, establecer cuarentenas o toques de queda.
Soltar la calle
La emergencia por el nuevo coronavirus alcanzó a Chile en medio de una profunda crisis social que empezó en octubre como una protesta por el alza en el pasaje del metro y derivó en un pedido general de profundas reformas sociales.
Desde entonces el país ha estado sacudido por manifestaciones, saqueos, barricadas y enfrentamientos entre manifestantes y la policía, aunque en los últimos días habían bajado de intensidad.
El viernes pasado miles de personas se reunieron en Plaza Italia en Santiago -epicentro de las protestas- pero ante el avance de la pandemia se multiplicaron en redes sociales los llamados a "soltar" la calle para protegerse de la enfermedad.
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También crecen los llamados para postergar el plebiscito del 26 de abril, en el que los chilenos deben decidir si se cambia o no la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y considerado clave para desactivar la crisis.
Ahora las autoridades sanitarias prevén que los contagios alcancen su máximo en el país justo la semana en que debería realizarse esa consulta.
La pandemia golpea además en un momento económico delicado. En el 2019, Chile creció 1,1%, la menor expansión en una década, afectado por la caída del 2,1% en el último trimestre tras las protestas.
“El presidente tiene un desafío importante de poder tomar decisiones eficaces desde el punto de vista del control sanitario, pero también eficientes en la medida de que la problemática social que se viene por delante parece ser extremadamente aguda e intensa”, advirtió Mella.
