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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, dictaminó este lunes que el Estado de Honduras es responsable de la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero de 26 años que fue asesinada en el 2009, en la ciudad de San Pedro Sula.
La decisión es histórica, ya que es la primera vez que la Corte IDH determina la responsabilidad de un Estado en la muerte de una persona trans.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el tribunal constató que “existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI”.
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Además, indicó en la sentencia, que la muerte de la joven, quien era trabajadora sexual y una reconocida activista, no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune.
En las audiencias que se efectuaron de manera virtual, “el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, en el entendido que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación por el homicidio”, señala el documento de la Corte.
Dentro de las reparaciones que determinaron los jueces para el Estado hondureño se encuentra continuar las investigaciones sobre el homicidio, así como realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y crear una beca educativa denominada “Vicky Hernández” para las mujeres trans.
En el 2018, la ONU exigió al gobierno hondureño investigar los crímenes de “odio contra” contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).
