EscucharManagua. La salud de decenas de presos políticos en Nicaragua y sus pésimas condiciones de detención preocupan cada vez más a la comunidad internacional, indignada tras la reciente muerte de uno de ellos, el exguerrillero Hugo Torres.
Torres, un exguerrillero de 73 años que fue compañero de armas del presidente Daniel Ortega contra la dictadura de Somoza en los años ‘70 y arriesgó su vida para sacarlo de la cárcel, aunque luego se enemistaron, falleció el sábado tras ocho meses en prisión.
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Familiares y defensores de los derechos humanos denuncian un deterioro en la salud de los presos, que padecen pérdida extrema de peso y de piezas dentales, desnutrición, problemas de memoria, de movilidad y desmayos, entre otros. Un total de 46 detenidos, incluidos siete exaspirantes a la presidencia, fueron acusados de menoscabar la integridad nacional.
Al menos 18 ya fueron declarados culpables y siete fueron sentenciados a entre ocho y 13 años de prisión. A este grupo se agregan otros 124 opositores detenidos durante las protestas en el 2018, que pedían la renuncia de Ortega y dejaron un saldo de 355 muertos a raíz de la represión del gobierno y más de 100.000 exiliados, según la CIDH.
‘Condiciones inhumanas’
“La muerte del pp (preso político) Hugo Torres, 73, ocurrió durante su injusta y abusiva encarcelación por Ortega-Murillo”, aseguró el jefe del departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, en Twitter. “Seguir deteniendo a los presos bajo estas condiciones -especialmente a los mayores- es inadmisible. Urgimos su liberación inmediata”.
El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, expresó “preocupación” por la salud de los detenidos y en un comunicado urgió a Nicaragua a dar garantías de atención humanitaria, así como a permitir la visita de representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En tanto, el canciller de Perú, César Landa, aseguró en su cuenta de Twitter que Torres falleció tras su “encarcelamiento arbitrario” y señaló que su país continuará trabajando para “el retorno de la democracia y el respeto de los derechos humanos” en Nicaragua.
Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), Torres fue encarcelado “en condiciones inhumanas y sometido a un proceso penal sin garantías”.
‘Riesgo de salud y vida’
La Organización de Estados Americanos (OEA), en tanto, consideró “abominable” que haya presos con enfermedades terminales que no reciben la asistencia médica necesaria.
La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, destacó en sus redes sociales que Torres murió “preso y criminalizado arbitrariamente” e hizo un llamado sobre “la urgente situación” de los detenidos en Nicaragua. “Muchos corren grave riesgo de salud y vida”, advirtió.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con sede en Costa Rica exigió a las autoridades la “liberación sin condiciones” de todos los presos en una declaración. Lo ocurrido a Torres “no debe quedar en la impunidad”.
El Cejil recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la liberación inmediata de Torres y de todas las personas presas en repetidas ocasiones, pero “el Estado nicaragüense ha hecho caso omiso, entrando en desacato”.
El organismo reiteró su llamado a la comunidad internacional a que continúe “monitoreando la crisis” en Nicaragua y demandó protección y garantía de los derechos humanos de los nicaragüenses. La fiscalía nicaragüense no precisó la causa de la muerte de Torres, y dijo que “desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital de la capital para ser atendido de manera adecuada”.
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Sin embargo, la exguerrillera Mónica Baltodano, en el exilio, aseguró que Torres fue llevado el 17 de diciembre al hospital en estado ya inconsciente. “Sus compañeros tuvieron que auxiliarlo varias veces, porque por el grado de inflamación de sus piernas casi no podía moverse por sí mismo (...) Ese día, Hugo sufrió un largo desmayo”, dijo Baltodano.
Ortega, de 76 años, en el poder desde el 2007, fue electo para un cuarto mandato sucesivo en las elecciones de noviembre, consideradas fraudulentas por la comunidad internacional. Encara sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que le acusan de corrupción y violación de los derechos humanos.
