Estados Unidos sancionó a 100 funcionarios municipales nicaragüenses por “ataques” a libertades civiles, como la confiscación de bienes a la Universidad Centroamericana y la detención del obispo Rolando Álvarez, informó este sábado Antony Blinken, jefe de la diplomacia del país norteamericano.
“El Departamento de Estado ha tomado medidas adicionales para que “se rindan cuentas por los implacables ataques del régimen Ortega-Murillo a las libertades civiles”, dijo Blinken en un comunicado, en referencia a la esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo.
A estos ciudadanos se les eliminó la visa por considerar que incurrieron en actos de corrupción y acciones contra la democracia.
“Washington impone restricciones de visa a 100 funcionarios municipales nicaragüenses que participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez”, indica el documento sin detallar los nombres de los sancionados.
La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, sufrió un duro golpe esta semana, al suspender todas sus actividades después de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.
Entretanto, en el caso de Álvarez, fue detenido hace un año y condenado en febrero a más de 26 años de cárcel tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país.
En un mensaje en X (antes Twitter) el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, afirmó este sábado que Ortega y Murillo detuvieron al obispo Álvarez “arbitrariamente” por “predicar justicia y paz para Nicaragua”.
Blinken advirtió al gobierno de Ortega que Estados Unidos seguirá trabajando “con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia” y apoyar “las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos”.