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Quito. Un grupo de mujeres indígenas waorani advierte con un canto de guerra que impedirá que ambientalistas ingresen a un estratégico bloque petrolero ubicado en la Amazonia de Ecuador, cuya producción podría suspenderse mediante un referendo previsto para agosto.
“No vamos a permitir que los ‘kowori’ (extraños) como Yasunidos entren” al bloque 43, dice el dirigente waorani Felipe Ima, quien hace de traductor del cántico en lengua nativa wao terere entonado por siete mujeres de una comunidad que respalda la actividad petrolera en la zona.
Ese bloque agrupa a los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) y es la manzana de la discordia desde que en mayo la Corte Constitucional dio paso a un pedido de la agrupación ambientalista Yasunidos planteado hace diez años para decidir, en consulta popular, si se deja allí el crudo bajo tierra de forma indefinida.
Escoltadas por un guerrero con lanza en mano, las mujeres tomadas de las manos también danzan semidesnudas y con coronas de plumas en la puerta hacia la plataforma Ishpingo A.
Hacen un “llamado a autoridades a que se haga la consulta, pero a los dueños” de la tierra como los waorani y no a los que “ni siquiera son del territorio”, enfatiza Ima.
En ese sitio, rodeado de un verde tupido, se levanta una de las doce plataformas de pozos del ITT que actualmente aporta 57.000 barriles por día (bd) a la producción total de Ecuador, de 464.000 bd entre enero y abril.
La Constitución reconoce que los pueblos originarios “tienen la propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial”, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.
Acoso del extractivismo
El ITT está dentro del protegido Parque Nacional Yasuní, parte de una gran reserva de la biósfera de las más diversas del mundo con 2.000 especies de árboles, 610 de aves, 204 de mamíferos, 150 de anfibios, 121 de reptiles y 100.000 de artrópodos, según la Universidad San Francisco de Quito.
La comunidad de Kawymeno, a unas cuatro horas a pie y en canoa de Ishpingo, es la única waorani que está en el área del bloque, localizado en el extremo oriental de la provincia de Orellana (fronteriza con Perú).
Kawymeno, con 400 habitantes, así como algunas comunidades de la nacionalidad kichwa ubicadas en la zona de influencia del ITT, se declararon defensoras de la actividad petrolera que suple la ausencia del Estado al entregar obras.
“Si no hubiese la industria petrolera, nosotros no hubiéramos (...) tenido educación, salud, bienestar familiar”, manifiesta a la prensa Panenky Huabe, presidente de la aldea, algunos de cuyos pobladores trabajan para el sector.
Para proteger la selva amazónica, Yasunidos y otros sectores indígenas impulsan la consulta popular que se celebrará a nivel nacional el 20 de agosto, junto a elecciones generales anticipadas. El gobierno se opone a la consulta.
La iniciativa surgió al fracasar el plan del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) de evitar la extracción a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares. La explotación comenzó en 2016.
Junto a la sueca Greta Thunberg, la activista ecuatoriana Helena Gualinga, del pueblo amazónico sarayaku, dijo el jueves en París que la consulta “es un precedente extremadamente importante, que puede replicarse en todo el mundo y debería ser una señal de esperanza (...) de que la gente puede decidir en qué dirección quiere ir” en cuanto al cuidado ambiental.
Oro negro para todos
En el Yasuní, de un millón de hectáreas y que además alberga dos tribus en aislamiento voluntario, hay otros campos petroleros que están en operación desde antes del ITT.
“Vemos cómo el extractivismo está asediando en general al Yasuní desde hace muchos años, desde los años 70 que comenzó la explotación. Básicamente, el (bloque) 43 es el único con una parte (de selva) que queda por salvarse con la consulta”, expresa a la AFP Pedro Bermeo, abogado y vocero de Yasunidos.
El referendo ha generado división en la nacionalidad guerrera waorani, con unos 4.800 miembros y dueños de unas 800.000 hectáreas selváticas de las provincias de Orellana, Pastaza y Napo.
En 2019, los waorani de Pastaza lograron un histórico fallo judicial que impide el ingreso de petroleras en 180.000 hectáreas que se conservan prístinas en su territorio.
En el acceso a Ishpingo A, la wao Akao Yetebe, una obrera petrolera que luce uniforme y una franja roja pintada sobre sus ojos, indica que “seguiremos trabajando” para el ITT porque el “oro negro beneficia para las grandes ciudades, profesores, educación, salud, todo”.
Para explotar el bloque, la estatal Petroecuador está autorizada a intervenir en unas 300 hectáreas del millón del Yasuní; apenas ha utilizado 80 hectáreas.
Ya generó para el Estado $4.200 millones y sus reservas están estimadas en 282 millones del total de 1.200 millones de barriles.
De ganar el Sí en la consulta sobre mantener el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo, las pérdidas serán cuantiosas: $16.470 millones en 20 años por ingresos proyectados, abandono de campos, inversiones realizadas y desempleo, señala a la AFP el gerente de la empresa, Ramón Correa.
“El ITT es el cuarto campo más importante del país y el más joven (diez años)”, añade el funcionario, anotando que actualmente genera ganancias por $1.200 millones anuales.
