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Louisville. Una jueza de Kentucky inculpó este miércoles con cargos criminales a un policía por el caso de Breonna Taylor, una afroestadounidense que murió tiroteada en su casa en marzo durante un allanamiento que ha sido denunciado en las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos.
Brett Hankison, uno de los tres agentes involucrados en el tiroteo, ha sido imputado por poner en peligro la vida de los demás, un delito inferior al de homicidio.
La jueza determinó el arresto del agente y estableció una fianza de $15.000.
Hankison había sido destituido en junio, al igual que los otros dos policías que lo acompañaban durante la intervención en casa de Taylor.
La enfermera de 26 años murió el 13 de marzo por la noche, después de que los tres policías acudieran a su domicilio con una orden de registro especial que les permitía entrar a su casa sin avisar.
A su llegada, el novio de la víctima abrió fuego contra los agentes, y éstos replicaron con sus armas y varios disparos alcanzaron a Taylor.
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El novio de Taylor aseguró que había confundido a los policías con ladrones, pero los agentes afirmaron haber anunciado su presencia antes de entrar, una versión confirmada por un testigo, según el fiscal del estado de Kentucky, Daniel Cameron.
Hankison disparó 10 balas, de las cuales varias fueron a parar al apartamento vecino del de Taylor, "poniendo a tres personas (presentes) en ese piso en grave peligro de heridas físicas o de muerte", explicó Cameron.
Sus dos compañeros, Jonathan Mattingly y Myles Cosgrove, quedaron libres de cargo porque la justicia consideró que habían abierto fuego en estado de legítima defensa.
‘Escandaloso’
El abogado de la familia Taylor, Ben Crup, remarcó su indignación por los cargos, señalando que estos se deben a que las balas llegaron a otros apartamentos pero no están relacionados con la muerte de Taylor.
"¡Esto es escandaloso y ofensivo!", escribió en Twitter.
Esta decisión es "una burda negación de la justicia", comentó la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).
La poderosa organización pro derechos civiles ACLU denunció, por su parte, a "unas fuerzas del orden y un sistema de justicia criminal podridos hasta la médula".
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La muerte de Taylor no generó mucha atención mediática en el momento, pero el caso ganó notoriedad después de las masivas manifestaciones contra el racismo.
La semana pasada, la familia de la fallecida llegó a un acuerdo civil con la ciudad de Louisville para recibir una indemnización de $12 millones.
La localidad de 600.000 habitantes está bajo estado de emergencia y la mayor parte del centro está restringido al tráfico por temor a protestas a raíz de la decisión judicial.
"Sé que los cargos anunciados hoy no contentarán a todo el mundo", admitió el fiscal Cameron, que confesó haber tenido "una conversación difícil" con la familia de Taylor.
Cameron pidió a quienes se manifiestan en las calles que "recuerden que las marchas pacíficas" son su "derecho como ciudadanos estadounidenses", pero que "la violencia y la destrucción" no lo son.
“Buscar la Justicia con la violencia no es rendir justicia, es venganza”, afirmó.
