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Bogotá. Familiares del equipo ecuatoriano de prensa asesinado en la frontera con Colombia pidieron este martes ayuda al gobierno de Juan Manuel Santos en la recuperación de los cuerpos, tras 50 días de incertidumbre.
Luego del secuestro y muerte de los trabajadores del diario El Comercio, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, a manos de guerrilleros disidentes de las FARC, los cadáveres todavía no han sido devueltos y oficialmente se cree que están en territorio colombiano.
"Queremos pedir que nos ayuden en la recuperación de los cuerpos para que podamos darles una sepultura digna", afirmó a la prensa Cristian Segarra, hijo de una de las víctimas.
Segarra y un hermano del fotógrafo Paúl Rivas encabezan la delegación de los familiares que llegó a Bogotá, donde en la tarde de este martes se reunieron con Santos, el vicepresidente Óscar Naranjo, la canciller María Ángela Holguín y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.
El equipo de prensa cayó en poder de uno de los grupos que se apartó del proceso de paz con la ya disuelta guerrilla de las FARC, mientras realizaba un reportaje en la zona limítrofe el 26 de mayo.
Los rehenes fueron llevados al lado colombiano de la frontera y asesinados en cautiverio. Quito confirmó su muerte el 13 de abril, tras la divulgación de unas fotos que hicieron llegar los captores.
Además de la ubicación de los cuerpos, los ecuatorianos esperan que el gobierno de Santos se sume a una investigación internacional en curso para esclarecer el caso.
"Del lado colombiano, el gobierno no ha cumplido con sus responsabilidades, incluso cuando estaban vivos no se manifestó y esto es lamentable decirlo", señaló Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado.
Por eso – agregó– "hemos tenido que venir a este país hermano a pedir respuestas".
Después de hora y media de reunión, el gobierno de Santos dijo en un mensaje a periodistas que "escuchó las preocupaciones de los familiares y reiteró la disposición de seguir apoyándolos en este difícil momento".
Los familiares y organizaciones de prensa han cuestionado la actuación de los dos gobiernos, a raíz de la información contradictoria que ofrecieron durante la crisis.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conformó un grupo de investigación para determinar lo sucedido con Ortega, Rivas y Segarra.
Colombia y Ecuador lanzaron una cacería contra Walter Artízala, conocido como Guacho, líder del grupo que se adjudicó el crimen de los reporteros y del chófer de El Comercio.
