Escuchar
Lima. La Fiscalía peruana pidió este jueves a la justicia que prohíba salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol, mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar del 15 de enero, informó el Poder Judicial.
Un Juzgado de Investigación Preparatoria evaluará hoy, a las 5 p. m., el impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la Refinería La Pampilla, el ciudadano español, Jaime Fernández–Cuesta Luca de Tena, según el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
LEA MÁS: Perú registra nuevo derrame de crudo en ducto de refinería Repsol
El derrame de al menos 6.000 barriles de crudo, calificado como “desastre ecológico” por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, a 30 kilómetros al norte de Lima. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
La nave involucrada ahora está fondeada, con prohibición de zarpar, frente al puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo de las playas.
Entidades fiscalizadoras
El petróleo vertido mató a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas, y dejó sin poder salir a trabajar cientos de pescadores artesanales, que protagonizaron protestas contra la compañía española.
La solicitud de la Fiscalía incluye a tres directivos peruanos de la petrolera, quienes también son “investigados por el presunto delito de contaminación ambiental”, dijo el Poder Judicial. Ellos son: Renzo Tejada Mackenzie, jefe del terminal marítimo 2 de la refinería; Gisela Posadas Jhong, gerente de Calidad y Medio Ambiente; y José Reyes Ruiz, gerente de Seguridad.
El impedimento de salida del país incluye al gerente general de Refinería La Pampilla S.A., Jaime Fernandez-Cuesta Luca de Tena. Ante este requerimiento el Poder Judicial evaluará hoy, a las 17:00 horas, el requerimiento efectuado por la FEMA Lima Noroeste que investiga el caso.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 27, 2022
El pedido a la justicia lo hizo el fiscal Ariel Tapia, quien afirmó que “es necesario” además indagar eventuales responsabilidades de los organismos peruanos de fiscalización, como la dirección de capitanías de puertos. Por su parte, el procurador (abogado litigante) del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó el miércoles que el delito de contaminación ambiental “tiene una penalidad de 4 a 5 años”.
Sin embargo, aclaró que el delito “en agravado puede subir de 6 a 7 años”, pues los responsables de Repsol supuestamente proporcionaron al comienzo “información falsa” sobre el derrame. Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente a las autoridades que se habían vertido “seis galones” de crudo (24 litros), pero después se comprobó que eran aproximadamente 6.000 barriles, es decir, casi un millón de litros.
Repsol informó a la prensa al día siguiente del siniestro que se trataba de un “derrame limitado”, y que al momento de la fuga se activaron los protocolos de seguridad y sus brigadas lograron controlar “el incidente” el mismo día 15. La petición del fiscal Tapia la resolverá el Juzgado de Investigación de Ventanilla.
Olla común en muelle
El crudo derramado se expandió a lo largo de la costa hasta Chancay, a 60 km la refinería, afectando a más de 20 playas. En la playa Chacra y Mar, en Chancay, flameaba una bandera roja en señal de que está prohibido estar en la arena o ingresar al mar, igual que en otras afectadas. En el muelle de Chancay, los pescadores artesanales preparaban este jueves una olla común para el almuerzo de unas 50 familias, pues no tienen ingresos desde hace 12 días.
“Las áreas de donde los pescadores traen su pan para cada día están afectadas. Los trabajadores que fileteamos no tenemos trabajo”, dijo a la AFP Katy Medina. “Los ciudadanos ya no confían en los peces, porque dicen que los pescados están contaminados. Todo esto está afectando a la sociedad en sí”, lamentó la trabajadora de 33 años.
Cartas del capitán
El presidente peruano, Pedro Castillo, dijo el martes que la petrolera “tiene que pagar por los daños a la población y a la naturaleza”, y al día siguiente su ministro de Medio Ambiente, Rubén Ramírez, advirtió que las sanciones “podrían incluso conllevar a la paralización de la empresa” en el país. Por su lado, el capitán del “Mare Doricum”, el italiano Giacomo Pisani, se quejó “por la falta de reacción y respuesta de los encargados de la refinería” al momento del derrame, según cartas suyas publicadas por el diario limeño El Comercio.
En sus misivas y en diálogo con tres ministros peruanos a bordo del buque, entre ellos Ramírez, el capitán “dio cuenta de nueve irregularidades y malas prácticas cometidas por Repsol, las que habrían ocasionado el desastre ambiental”, indicó el periódico este jueves. Una segunda fuga de unos ocho barriles crudo se produjo este martes mientras se realizaban labores en un ducto submarino de la refinería para investigar el accidente del 15 de enero, pero Repsol negó que se tratara de un “nuevo derrame de petróleo”.
