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Managua. Un total de 91 personas detenidas por protestar contra el gobierno de Nicaragua, incluida la líder estudiantil belga-nicaragüense Amaya Coppens, salieron de prisión el lunes bajo libertad condicional, informó el Ministerio de Gobernación.
En un comunicado la entidad publicó la lista de los excarcelados, todos bajo el “régimen especial de convivencia familiar” -libertad condicional-, entre los que figuran 16 jóvenes detenidos el 14 de noviembre en la ciudad vecina de Masaya por llevar agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre.
El informe indicó que la excarcelación se debió a la voluntad del gobierno de Daniel Ortega de “contribuir a la reconciliación nacional y al reencuentro de las familias” y agradeció el “acompañamiento” del nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la estatal Procuraduría de Derechos Humanos que “certificaron” el proceso.
En las últimas semanas familiares de presos celebraron misas, realizaron vigilias y plantones en Managua y otras ciudades para exigir la excarcelación de todos los detenidos por protestar contra Ortega, en su mayoría arrestados a partir de 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó de que fueron más de 30 “presos políticos” los beneficiados.
“Son buenas noticias la liberación de presos políticos hoy en Nicaragua. Por lo menos 32 personas” fueron excarceladas, anunció el director ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrão, en su cuenta de la red social Twitter.
Jesús Téfel, Olga Valle y María Margarita Hurtado, líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB, opositora), así como la estudiante María Guadalupe Ruiz, detenida hace más de un año, son algunos de los que informaron su libertad. Según la UNAB, existen al menos 160 “presos políticos” en las cárceles del país.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, indicó en Twitter que en las gestiones para la excarcelación participó el nuncio apostólico en Managua, Valdemar Stanislaw Sommertag, quien en febrero de este año ayudó a la liberación de varios cientos de detenidos.
“¡Salimos, lo logramos! Había gente de la (cárcel) Modelo, no estamos seguros quiénes, pero los 16 vamos para nuestras casas. ¡Libertad para Nicaragua!”, declaró la joven Valle en un video que divulgó en las redes.
Olga Valle nos informa que la dictadura de Ortega y Murillo, ha ordenado excarcelar a la “Banda de Los Aguadores”, de la que ella es parte. pic.twitter.com/7dpSj3oElq
— Café con Voz (@CafeconVozNi) December 30, 2019
“Después de estos 46 días salgo lista para seguir la lucha por los demás presos políticos y por ver a Nicaragua libre”, comentó Hurtado. La joven indicó que ella no fue torturada ni golpeada, “a diferencia de la mayoría de los presos políticos, que sufren violación de derechos humanos”.
Otro de los excarcelados del mismo grupo, Téfel, narró que permaneció en una celda aislado de sus compañeros y en compañía de reos comunes. “Solamente durante las visitas familiares tenía comunicación con el exterior”, añadió.
Téfel señaló que le hicieron firmar un documento según el cual quedaba sujeto al régimen de convivencia familiar -casa por cárcel-, sin poder salir de la ciudad ni del país, aunque “de manera verbal los oficiales nos dijeron que nos estaban dando libertad plena”.
Valle, Téfel y Hurtado fueron detenidos junto con Coppens y otros 12 opositores en Masaya, al sureste de Managua, cuando llevaban bidones de agua a un grupo de 11 madres de detenidos que estaban en huelga de hambre. Los 16 jóvenes fueron acusados en los tribunales de “traslado ilegal de armas”.
También fue excarcelado el opositor Pedro Gutiérrez, preso desde julio del 2018, quien fue entrevistado por medios locales en su casa en Managua. Gutiérrez leyó una oración en agradecimiento por su libertad y dijo que todavía quedan “muchos presos políticos” en distintos penales del país.
Nicaragua vive una grave crisis política desde el estallido de las protestas sociales en abril del 2018 contra un cambio en sistema de pensiones que fueron sofocadas por policías y paramilitares.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia estatal dejó al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos y 88.000 emigrados y exiliados.
