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Puerto Príncipe. La confusión y la inquietud reinaban este miércoles en Haití, un día después del cese del fiscal de Puerto Príncipe tras pedir acusar al primer ministro en el marco de la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moise.
Desde el magnicidio perpetrado por un comando armado en la mañana del 7 de julio, la primera república negra de la historia se hundió aún más en la crisis política, de seguridad y humanitaria en el que se encuentra desde hace largos años, además de sufrir un terremoto que dejó más de 2.000 muertos el 14 de agosto.
Primer Ministro en el banquillo
La última decisión política de Jovenel Moise fue nombrar a Ariel Henry como primer ministro en sustitución de Claude Joseph.
Tras el magnicidio, y antes del funeral de Moise, hubo un contrapunto entre ambos, aunque a la postre asumió Henry.
Luego que varios países intervinieran para calmar los ánimos, las tensiones parecieron disminuir y el conjunto de la dirigencia política haitiana exigió que los responsables del asesinato de Moise fueran llevados ante la justicia, algo que Henry prometió en forma solemne.
Sin embargo, a lo largo de las semanas, el nuevo primer ministro demostró su incapacidad para cumplir esa promesa, así como crear un clima propicio para la organización de las postergadas elecciones nacionales.
Peor aún: Henry está ahora en el banquillo, sospechado de haber mantenido intercambios telefónicos, en las horas posteriores al magnicidio, con uno de los principales sospechosos del asesinato de Jovenel Moise.
La respuesta del primer ministro fue destituir al fiscal Bed-Ford Claude, que formuló “serias sospechas” en su contra y pidió su inculpación.
Vacío institucional
La repentina muerte de Moise el 7 de julio generó un vacío de poder y un golpe de gracia para la democracia haitiana.
Moise no había organizado ninguna elección desde que llegó al poder en el 2017, y el país cuenta hoy con apenas diez legisladores en funciones.
Los diputados dejaron sus cargos en enero del 2020. Solo un tercio de los senadores quedaron como garantes simbólicos del poder legislativo, sin tener la más mínima capacidad para legislar o controlar la acción del gobierno.
Moise, acusado de autoritario por la oposición, también estaba omiso en nombrar nuevos magistrados para el consejo superior del Poder Judicial.
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En febrero, después de denunciar un intento de golpe de Estado, Moise obligó ilegalmente a jubilarse a tres jueces del Tribunal de Casación. Sin contar con suficientes miembros, el máximo tribunal de justicia del país se encuentra hoy paralizado.
Sin árbitro a la vista
Desmovilizado en 1995, el Ejército haitiano está todavía en estado embrionario, con apenas 500 soldados.
Si las filas de la Policía Nacional (PNH) han crecido desde su creación en 1995, el país de más de 10 millones de habitantes apenas cuenta con 20.000 agentes y la institución sufre divisiones internas.
El hecho de que ningún policía responsable de la protección de Moise resultara siquiera herido durante el magnicidio supuso un grave descrédito para la PNH.
Durante los últimos cinco años, Naciones Unidas ha ido reduciendo su presencia en el país caribeño.
La ONU retiró por primera vez en el 2017 a sus fuerzas de paz, enviadas en el 2004 tras la destitución del presidente Jean-Bertrand Aristide, y luego en el 2019 puso fin a su misión policial.
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Los diplomáticos extranjeros guardan un notable silencio.
El Core Group (compuesto por representantes de la ONU, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, así como de las embajadas de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, Estados Unidos y España) no ha publicado una nota oficial sobre la crisis política desde el 17 de julio.
Pobreza, inseguridad y terremoto
En un momento en que la mayoría de la población haitiana lucha por alimentarse, la inseguridad obstaculiza cualquier perspectiva de recuperación económica.
Bandas criminales fuertemente armadas controlan varios suburbios de Puerto Príncipe, donde llevan a cabo secuestros y desde donde bloquean regularmente el acceso a las únicas terminales petroleras del país.
Finalmente, un mes después del terremoto que asoló el suroeste del país y mató a más de 2.200 habitantes, 650.000 personas, incluidos 260.000 niños y adolescentes, siguen necesitando “ayuda humanitaria de emergencia”, subrayó este martes la Unicef.
