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San Salvador. Mientras Evelyn Beatriz Hernández caminaba en silencio hasta el portón principal del centro de detención femenino de El Salvador, decenas de mujeres la esperaban para aplaudir su excarcelación y exigir libertad para otras mujeres que tras sufrir abortos espontáneos han sido llevadas a prisión.
Esta salvadoreña de 21 años que fue condenada a 30 años tras las rejas, acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto, recuperó el viernes su libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia condenatoria y ordenó que se realizara un nuevo juicio.
Hernández quedó embarazada a los 18 años tras enfrentar violencia sexual en la pequeña comunidad donde vivía. Dice que no denunció la violación por miedo ni se dio cuenta de que estaba encinta, pero el 6 de abril del 2016, cuando estaba en su casa, sintió fuertes dolores en el vientre y fue al servicio sanitario, donde se desmayó.
The Associated Press no publica los nombres de las víctimas de abuso sexual a menos que estas hagan su caso de conocimiento público.
Tras ser liberada del recinto ubicado en la periferia este de la capital salvadoreña, sus familiares y decenas de actividades defensoras de los derechos de las mujeres se hicieron presentes para rechazar la criminalización del aborto en el país centroamericano.
Según estadísticas de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico, en El Salvador cada año hay más de 25.000 mujeres embarazadas después de sufrir violaciones.
Sin embargo, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones.
“¡Evelyn no está sola!” , gritaban sin parar las mujeres que portaban carteles en los que exigían “libertad, justicia y reparación”.
“Después de 33 meses de encarcelamiento injusto, Evelyn recupera su libertad” , publicó en su cuenta oficial de Twitter, Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras del Colectivo Feminista.
El 6 de julio del 2017, un Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, al este de San Salvador, condenó a la joven a 30 años de prisión, pero sus abogados apelaron a la resolución alegando que ni el Ministerio Público, ni el Instituto de Medicina Legal (estatal), lograron comprobar que ella habría ocasionado la muerte del menor durante el parto.
Debido a estas inconsistencias, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia condenatoria y ordenó a la Cámara de lo Penal de San Salvador emitir una nueva sentencia.
La Cámara resolvió que el tribunal realizara un nuevo juicio y que designara un juez distinto al que emitió la sentencia. Ante estas resoluciones, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque resolvió que la joven fuera procesada en libertad y que saliera inmediatamente de la cárcel.
De acuerdo con sus alegatos, la madre de la joven buscó ayuda parta trasladarla al hospital Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad de Cojutepeque, donde fue atendida por una hemorragia vaginal producto de un parto extrahospitalario, pero no daba razón del recién nacido. Según dijo, no sabía que había abortado.
Las autoridades iniciaron la investigación, rescataron el cuerpo sin vida del bebé y en un primer momento fue acusada de haber tenido un aborto provocado, pero luego se cambió la tipificación del delito por homicidio agravado.
Evelyn Hernández ha estado presa en la cárcel de mujeres desde el incidente.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
No obstante, en casos como en el de Hernández, si el delito se cambia a homicidio agravado —aquel provocado en razón de parentesco de la víctima y el victimario— estas mujeres pueden ser condenadas entre 30 y 50 años de cárcel.
La Agrupación Ciudadana ha señalado que en El Salvador las mujeres procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.
