EscucharCaracas. En una redada de la Guardia Nacional en el Hospital Universitario de Maracaibo, en Venezuela, militares requisaban minuciosamente los vehículos de los médicos: dos terminaron detenidos acusados de robar material quirúrgico.
María Inés Elías y Rafael Briceño, residentes de Urgencias, fueron arrestados el 6 de junio cuando los efectivos encontraron dos kits de cirugía en sus autos. Ambos integran una lista de más de 40 profesionales de la salud detenidos desde junio en todo el país, según la Federación Médica Venezolana (FMV), en una ofensiva del presidente Nicolás Maduro contra supuestas “mafias hospitalarias”.
Elías y Briceño, coinciden en el hospital, no podrían haber robado aquellos kits porque esa institución hace años que dejó de suministrarlos a los pacientes, en medio de una crisis crónica del sector salud. De hecho, ambos médicos fueron liberados poco después, pues se comprobó que el material estaba destinado a una mujer que requería con urgencia una cirugía por un gigantesco tumor en un ovario.
La paciente tenía más de un año esperando por la cirugía en Maracaibo, al oeste del país. Los dos doctores quedaron en libertad plena, luego de que la familia de la mujer testificara que puso el dinero para comprar parte de estos insumos y que el resto lo recibieron por donaciones.
La intervención se atrasó y, aunque finalmente pudo hacerse, el ya delicado estado de la mujer desmejoró. Murió días después.
#7Jun #Zulia Detienen a María Ines Elias, una médico residente de cirugía del Hospital Universitario de Maracaibo. Tenía los insumos necesarios para operar a la paciente, insumos qué fueron comprados por los familiares de la señora.📷 pic.twitter.com/jqbLZFzwSW
— Nicmer Evans (@NicmerEvans) June 7, 2022
La FMV, que denuncia "persecución", acusa al gobierno de intentar desviar hacia el personal médico la responsabilidad por la colapsada red de hospitales públicos.
“Dentro del hospital los residentes tenemos mucho miedo”, dijo a la AFP un residente, con su nombre bajo reserva por temor a represalias. “No ha habido nuevas visitas ni auditorías, pero se respira un ambiente de tensión y nerviosismo”.
La crisis se prolonga por años. Muchos quirófanos están inoperativos y es habitual la falta de insumos para cirugías: desde la anestesia hasta el bisturí... es práctica común pedir al paciente que compre todo.
“Si no hiciéramos esto, la mortandad en los hospitales sería horrible”, explicó el residente.
Maduro anunció a finales de mayo que designaría "un inspector secreto para cada hospital del país", como parte de un programa de "buen gobierno" para solventar fallas en la administración pública.
"Hay que ir de frente a las mafias, porque de que existen, existen", indicó el mandatario en la televisión estatal. "Llegan, le piden a los pacientes que compren las cosas afuera, y ellos van al almacén, las retiran y las venden por fuera".
Salud en crisis
Freddy Pachano, jefe de postgrado de la Universidad del Zulia, que gestiona el Hospital Universitario, aseguró que “la escasez de insumos médicos dentro de los hospitales venezolanos es un asunto de vieja data”, así como “la solicitud a los pacientes y sus familiares de comprar todo aquello que se requiera para atenderlos, desde algodón hasta inyectadoras”.
La lista de insumos para una operación mayor en pabellón puede llegar a costarle a un paciente unos $350, según médicos del Universitario, e incluye soluciones, suturas y hasta las batas del personal. Lo más costoso es la anestesia.
Los operativos militares, advierte el gremio, podrían profundizar el éxodo de profesionales de la salud, muy mal pagados y parte de los más de seis millones de venezolanos que han huido de la crisis. Un médico residente en el Hospital Universitario gana en promedio entre $35 y $40 mensuales, poco más del sueldo mínimo.
Este sanatorio instauró un nuevo protocolo para proteger al personal sanitario: ya no es el médico, sino un trabajador social, el que solicita a pacientes o familiares los insumos que el hospital no puede suministrar. Pero ese protocolo es difícil de aplicar para las urgencias, aclaró Pachano.
Joseline Rodríguez, una indígena de 36 años, requiere una sutura de emergencia en el párpado izquierdo de su hijo Diego, de 10.
Afuera del hospital, esta trabajadora doméstica se mueve inquieta mientras llama por su celular para buscar el dinero que necesita para un tratamiento que los médicos pidieron fuera conseguido con rapidez, para evitar una necrosis que impidiera al niño después cerrar el ojo.
“Yo gano $10 por día. Pedí prestado $25 porque era lo que necesitaba para comprar sutura, alcohol, agua oxigenada, inyectadoras y antibiótico”, relató. “Lo bueno fue que sí me dieron la anestesia. Los doctores me ayudaron bastante”.
