EscucharCiudad de México. México se encamina a registrar uno de los años más sangrientos para la prensa tras el asesinato de cinco periodistas en menos de dos meses, una saga trágica que no para de crecer por la impunidad.
El caso más reciente ocurrió en la ciudad de Salina Cruz (estado Oaxaca, sur), donde el jueves fue baleado Heber López Vázquez, de 39 años, cuando volvía a casa. Dos presuntos homicidas fueron detenidos.
Director del sitio Noticias Web, López había recibido amenazas a finales de 2019 que vinculó con denuncias de corrupción contra un alcalde local, recordó a la AFP Balbina Flores, portavoz en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Pese a ello, no formaba parte de un programa oficial que brinda protección a unos 500 reporteros.
“Días antes (del asesinato) había difundido informaciones sobre corrupción en el municipio”, señaló Flores.
Con López son cinco los periodistas ultimados en México en lo que va de 2022, según RSF, contra los siete del año pasado.
El 23 de enero, Lourdes Maldonado, de 67 años y que tenía un programa radial en redes sociales, fue asesinada en Tijuana (Baja California, noroeste). Tres sospechosos fueron arrestados.
Su crimen ocurrió la misma semana en que fue baleado, también en Tijuana, el fotoperiodista Margarito Martínez, colaborador del prestigioso semanario Zeta.
A esos casos se suman los homicidios de Roberto Toledo, colaborador del medio digital Monitor, el 31 de enero en Zitácuaro (Michoacán, centro), y José Luis Gamboa, el 10 de enero en el estado de Veracruz (este).
Impunidad rampante
Unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde 2000, de acuerdo con RSF, 102 de ellos durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), marcados por la guerra contra el narcotráfico.
Otros 29 casos se han registrado en el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018. “Este sexenio se clasificará como uno de los más sangrientos” para la prensa, augura Flores.
El mandatario prometió este viernes castigo para los asesinos de López. “El que la hace la paga. Cero impunidad (...), no es lo mismo de antes”, aseguró en su conferencia diaria.
La falta de sanción parece alentar a los depredadores de la prensa en México, donde según RSF un 92% de estos crímenes queda impune.
“Si hubiera habido contundencia” en la acción de la autoridad contra los crímenes de periodistas “no estaríamos sumando” nuevas víctimas, dice a la AFP Juan Vázquez, vocero de la organización Artículo 19.
A su juicio, el Estado mexicano está incumpliendo sus obligaciones en materia de protección y prevención de agresiones letales contra periodistas.
“En México los matan porque sale barato. Quienes corren mayor riesgo son las y los periodistas con su pluma, con su computadora, con su grabadora, con el micrófono, y al final quienes corren el menor riesgo son quienes jalan el gatillo”, denuncia Vázquez.
México, de 126 millones de habitantes y sumido en una espiral de violencia por la lucha antidrogas, ocupa el puesto 143, entre 180 países, en el escalafón de libertad de prensa de RSF.
Vulnerabilidad
A las omisiones estatales y la impunidad se suma que la mayoría de crímenes “ocurren a nivel local e involucran a medios pequeños, muy vulnerables como sus periodistas”, que incluso desconocen los mecanismos de protección, comenta Flores.
Varios reporteros caídos en los últimos años dirigían o colaboraban con sitios web -a veces páginas de Facebook- donde difundían información que salpicaba a autoridades locales, en ocasiones coludidas con grupos criminales.
Ante la dificultad para rentabilizar esa actividad, algunos comunicadores deben alternar el periodismo con otros trabajos.
“En México el periodismo es muy precario” en términos económicos, observa Flores, para quien no muchos logran vivir del oficio.
Esta situación lleva a que en ocasiones las autoridades desliguen rápidamente los crímenes del trabajo periodístico y no se investiguen como violaciones a la libertad de prensa.
La creciente violencia contra reporteros ocurre además en un contexto de polarización entre el gobierno y un sector de la prensa, al que López Obrador tilda de “mercenaria” y de servir a intereses privados enemigos de su “proceso de transformación”.
El viernes, al tiempo que lamentaba el asesinato de López, el mandatario difundía los altos ingresos que supuestamente recibe el periodista Carlos Loret de Mola, uno de sus mayores críticos.
López Obrador suele aprovechar sus conferencias diarias para responder a las denuncias y cuestionamientos de la prensa, aunque ninguno de los periodistas señalados por el presidente ha sufrido agresiones físicas.
“Hay un discurso estigmatizante que (...) no abona a este contexto de violencia”, opina Flores. El presidente “no le dedicó más tiempo precisamente al asesinato de un periodista” sino “al ataque” de reporteros críticos a su gobierno, apunta a su vez Vázquez.
