EscucharCiudad de Guatemala. Una migrante indígena guatemalteca, quien fue torturada y encarcelada de una manera injusta en México por más de siete años, acusada de secuestro, regresó este domingo a su país tras su liberación, por la cual abogó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
“Yo soy inmigrante, yo no soy secuestradora”, dijo Juana Alonzo, de 35 años, al salir del aeropuerto de la capital de Guatemala, donde fue recibida por familiares y amigos que viajaron más de 10 horas por carretera desde el poblado maya–chuj de San Mateo Ixtatán, al noroeste del país centroamericano y cerca de la frontera con México.
“Yo injustamente estuve (...) en la cárcel, pero gracias a Dios estoy viva”, agregó Juanita, como se le conoce cariñosamente. Ella estuvo desde noviembre del 2014 en prisión preventiva en la ciudad de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas (norte).
La orden para la liberación de Alonzo fue firmada el sábado por Irving Barrios, jefe de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. La orden ocurrió después de que López Obrador abogara por la migrante guatemalteca.
“Están todas las pruebas de que fue torturada y de que lleva años presa. Incluso las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla. Ojalá que lo hagan (...) porque aceptaron que era una injusticia”, manifestó el jueves el presidente mexicano.
Alonzo migró en agosto del 2014 con intención de llegar a trabajar en Estados Unidos. Según un reporte de la ONU en México, un coyote, como se les conoce a los traficantes de migrantes, la capturó en Reynosa con otra mujer y fue llevada a una casa donde fueron obligadas a trabajar.
Dos migrantes que estaban en la casa lograron contactar a las autoridades y Alonzo fue acusada de secuestro, aunque sin entender el señalamiento, pues en ese momento solo hablaba su idioma maya. “Después de ser detenida fue reubicada a una estación de la Policía local en Reynosa. Durante su interrogatorio (...), nuevamente enfrentó la barrera del lenguaje y no pudo contestar a las preguntas que le fueron planteadas”, indicó el reporte.
“Ella adujo que, en venganza, los oficiales la golpearon y la amenazaron apuntándola con armas de fuego. Eventualmente cedió y firmó una declaración auto–incriminatoria”, agregó el texto de la ONU.
El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, quien acompañó el retorno de Alonzo, señaló que darán seguimiento al caso por el que se abrió una investigación.
Cada año, miles de guatemaltecos emprenden el peligroso viaje a Estados Unidos sin papeles, huyendo de la pobreza y la violencia. El año pasado, el país norteamericano deportó vía aérea a 17.806 guatemaltecos, mientras que en 2020 fueron 21.057 expulsiones.
