EscucharCiudad de Juárez.“Ignoramos lo que está sucediendo”, dice con impotencia Michel en la mexicana Ciudad Juárez (norte), donde miles como él permanecen atrapados en una maraña de pasos legales para poder cruzar a Estados Unidos.
La confusión crece a horas de que el gobierno de Joe Biden levante el Título 42, norma adoptada por su antecesor Donald Trump para evitar la propagación del covid, pero que en la práctica sirvió para expulsar a casi todos los migrantes que llegaban sin papeles a Estados Unidos.
¿Qué pasará a partir del viernes?, se preguntan Michel, venezolano, y muchos otros migrantes en un campamento callejero a unos 300 metros del muro fronterizo y del río Bravo, que separa a los dos países.
Título 8, Centros Regionales de Procesamiento, CBP One, cupos de migrantes, reunificación familiar, asilo, refugio.
El repertorio legal para entrar a Estados Unidos, ampliado ante el fin del Título 42, resulta difícil de entender para los indocumentados, a menudo sin opciones de retorno tras haber vendido todas sus pertenencias para pagar a “coyotes” (traficantes) que prometen ayudarlos a pasar la frontera.
Una cosa sí parece clara para la mayoría: la advertencia de que con el Título 8 no solo habrá expulsiones hacia México sino un aumento significativo de las deportaciones, prohibición de entrada a los infractores durante cinco años y procesos penales para reincidentes.
“No son capaces de darnos una opción con la que uno tenga más posibilidad de entrar. Lo que hacen es que tengamos problemas, accidentes. Eso no ven ellos, ellos ven lo que les conviene”, reniega Michel junto a su esposa e hija de cinco años, que juega con un perro de peluche, aparentemente ajena a la angustia de sus padres.
Drama kafkiano
Albañil de 35 años, este venezolano que se reserva su apellido llegó a Ciudad Juárez hace un mes tras sortear la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y las propias exigencias legales del gobierno mexicano.
En su campamento fue levantado un altar en memoria de las 40 personas fallecidas el 27 de marzo en el incendio de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. Siete de sus compatriotas se cuentan entre las víctimas.
“Le están poniendo las cosas más difíciles a uno”, afirma Michel, tras otro intento fallido de sacar una cita para pedir asilo por la aplicación móvil CBP One, habilitada por el gobierno estadounidense y que está activa solo media hora por día.
Durante un recorrido por el refugio, se comprobó que la aplicación se detiene repentinamente en cualquiera de sus etapas.
Para sostener a su familia y reunir los cinco dólares que debe invertir diariamente en recargas de internet, Michel debe salir del campamento en busca de trabajos ocasionales mientras su esposa intenta conseguir cita.
“A veces uno se tiene que humillar por un poquito de dinero para que ellas puedan estar bien”, afirma.
Pero como en un drama kafkiano de absurdo y zozobra, el hombre teme que en su ausencia la aplicación vuelva a funcionar y no pueda escanear su rostro, un requisito del proceso.
Estados Unidos anunció que a partir del viernes la aplicación CBP One dará 1.000 citas diarias. Pero solo desde octubre pasado, la policía fronteriza contabilizó 1,2 millones de interceptaciones de migrantes en su frontera sur, un flujo “sin precedentes”.
“Cruzar como sea”
Gloria, una guatemalteca de 56 años que también prefiere identificarse solo por su nombre, no entiende la diferencia entre refugio y asilo. Solo intenta ponerse a salvo de amenazas de su expareja.
Tampoco tiene la aplicación. “Dicen que uno necesita un patrocinador en Estados Unidos y yo no tengo”, asegura, pero en realidad este requisito aplica para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en un programa mediante el cual se han autorizado unos 95.000 viajes por vía aérea, según datos oficiales.
Amnistía Internacional denunció recientemente que el uso obligatorio del CBP One viola el derecho al asilo, pues limita su acceso a personas alfabetizadas y que tienen un celular con internet.
El desconcierto que genera esta situación empuja a algunos migrantes a cruzar el río Bravo para entregarse a la patrulla fronteriza y pedir asilo, una opción que baraja Kevin (nombre cambiado), un agricultor ecuatoriano de 34 años que ignora las diferencias entre el Título 42 y el Título 8.
Ya probó suerte hace poco, pero tuvo que regresar a México tras encontrarse en el camino con un grupo criminal. Su desespero es tal que intentará “cruzar como sea” nuevamente.
