EscucharNueva York. El Estado y la ciudad de Nueva York, fuertemente golpeados por la covid–19, son los primeros en exigir vacunación al personal más expuesto al contagio, como el sanitario o el docente, elevando robustamente la tasa de inmunización pese a una minoría reacia a la inoculación. Desde el lunes, todo el personal de los hospitales públicos y privados –sanitario y administrativo– del Estado, unas 520.000 personas, tienen que presentar un certificado de vacunación con la pauta completa, si no tendrán una pena de una retención del salario en una primera etapa, antes de exponerse a perder el empleo.
La gobernadora del Estado, Kathy Hochul, quien amenazó con recurrir a la guardia nacional para reemplazar al personal sanitario sin vacunar, se felicitó de que no haya habido que cerrar ningún hospital desde el lunes, cuando entró en vigor la obligación del certificado sanitario en este Estado de 20 millones de habitantes, el cuarto del país. La covid–19 deja más de 56.000 muertos el Estado –34.000 solo en la ciudad de Nueva York– desde marzo del 2020.
Otros Estados adoptarán medidas similares. California lo hará este jueves; sin embargo, el personal sanitario que rechace vacunarse podrá seguir trabajando a condición de que se someta a un test de diagnóstico todas las semanas. Kathy Hochul, quien reemplazó a Andrew Cuomo el 25 de agosto, se alegró por las altas tasas de vacunación entre el personal sanitario, que el miércoles alcanzó el 87%.
El porcentaje del personal de las residencias de ancianos que han recibido al menos una dosis pasó de 71% el 24 de agosto al 92% el lunes. Para la gobernadora, quien se enfrenta a uno de sus primeros exámenes políticos, esto “muestra que obligar al personal sanitario a vacunarse es el camino correcto”, pese a que la medida fue objeto de varios recursos judiciales, hasta ahora sin éxito.
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Situación desigual
En la ciudad de Nueva York todavía quedaban el miércoles unos 3.000 empleados de los servicios de salud o de los hospitales públicos sin vacunar, de un total de 43.000, frente a los 5.000 a principios de semana y unos 8.000 la semana precedente, según el doctor Mitchell Katz, quien dirige el Departamento de Salud de la ciudad.
“Tenemos cerca de 500 enfermeras para reemplazar temporalmente a las que todavía no se han vacunado o que han preferido jubilarse. Todavía no hemos despedido a nadie”, declaró, antes de asegurar que aquellos que reciban la primera dosis al llegar al trabajo podrán trabajar normalmente. “El 100% de nuestro personal está prácticamente vacunado”, afirmó por su parte el grupo privado Northwell Health, que administra 23 hospitales, más de 800 establecimientos de cuidados ambulatorios en el Estado.
El grupo precisó que de los 76.000 empleados, entre ellos 18.900 enfermeras y 4.000 médicos internistas, “unos centenares de empleados no vacunados fueron contactados la semana pasada para conocer su disposición de manera urgente para recibir una inyección”. “Unas dos docenas de empleados que seguían sin vacunarse (el lunes) salieron del sistema”, manifestó Northwell Health, que no aclaró si se trata de despidos.
No obstante, la situación es desigual en todos los hospitales del Estado, que se extiende hasta la frontera con Canadá. Así, el hospital de Buffalo (cerca de 600 camas), en el norte del Estado, en torno al 5% del personal “está de permiso sin sueldo”, unos 167 de 3.303 empleados, manifestó el centro. Aunque la tasa llegaba al 20% en un servicio de cuidados de larga duración que depende del hospital, donde un centenar de los 474 empleados sigue sin vacunarse.
Como consecuencia, el hospital debió suspender intervenciones no urgentes y reorganizar los horarios de apertura. La vacunación obligatoria de los trabajadores sanitarios es un examen para la ciudad de Nueva York antes que la de los docentes, cuya entrada en vigor fue aplazada hasta este viernes por decisión judicial. “Tomen la primera dosis para el lunes o no vengan a trabajar. Ustedes deciden”, escribió en Twitter el alcalde demócrata Bill de Blasio.
Aunque la mayoría de los profesores ya ha recibido la pauta completa, sindicatos de docentes y de los principales centros educativos advierten que la aplicación demasiado brutal de esta obligación amenaza con desorganizar las escuelas.
