Perita en caso Manuela: ‘Su atención a la salud fue restringida por la criminalización de la emergencia obstétrica’

En febrero del 2008, Manuela sufrió un fuerte dolor pélvico y abdominal y cayó desmayada en el baño, una letrina que estaba a unos metros de su casa.

Fue trasladada a un hospital público de El Salvador, donde suplicó ayuda por la fuerte hemorragia que presentaba. La joven, quien en ese momento tenía 31 años, experimentó una emergencia obstétrica, pero la atención médica que recibió fue “ineficiente”.

Al otro día, salió del hospital detenida. Manuela fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Murió dos años después en la cárcel debido a un cáncer linfático que no le había sido diagnosticado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, empezó este 10 de marzo el estudio del caso que enfrenta a la familia de Manuela contra el Estado salvadoreño.

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Los peritos Guillermo Antonio Ortiz, ginecólogo y obstetra cuscatleco radicado en Estados Unidos, y la abogada argentina Laura Clérico expusieron sus argumentos en la sesión de apertura que se efectuó de forma virtual. La audiencia está programada para este jueves.

Clérico afirmó que Manuela intentó ejercer su derecho a la salud cuando se encontraba “en un momento de vulnerabilidad extrema”.

“Ahí su derecho de atención a la salud integral y de calidad fue restringido, y de forma extrema, mediante la criminalización de la emergencia obstétrica”, señaló la experta.

Además, manifestó que la criminalización contra la joven empezó el mismo día en que llegó al hospital, cuando la doctora que la atendió hizo la denuncia.

“En el momento en que Manuela sufre este accidente, pierde la conciencia y está desangrada, es llevada a este centro de atención y cuando ingresa empieza la criminalización, no después. Manuela no sabía que iba a ser denunciada”, argumentó la especialista.

“Lo digo porque la persona que la recibió no la atendió de forma inmediata a pesar de que era una situación de emergencia. Más bien, le hizo preguntas referidas a su vida personal”, agregó Clérico en su declaración de 10 minutos.

La abogada expuso que la persona a cargo solo le dio analgésicos pese al persistente dolor, la denunció y la acusó de provocarse el aborto para ocultar una infidelidad.

‘Forma desproporcionada’

Asimismo, mencionó que la criminalización afecta de “forma desproporcionada” a las mujeres como Manuela. Es decir, jóvenes, de escasos recursos y que viven en la ruralidad.

La jurista también insistió en que esta situación forma parte de una desigualdad estructural, ya que es una realidad que viven muchas otras mujeres por sus condiciones.

“Las mujeres pobres se encuentran frente a un dilema: o mueren desangradas o terminan siendo criminalizadas”, aseveró.

Del mismo modo, criticó que el Estado salvadoreño no le otorgó a Manuela una defensa que tomara su caso con la importancia respectiva.

“Apenas ingresen las mujeres con una emergencia obstétrica a un hospital público deben contar con una defensa, porque la práctica es que van a terminar siendo criminalizadas. El caso de Manuela es la crónica de una muerte anunciada. (...) La defensa invisibilizó el cuerpo de ella y el Estado lo reconoce”, apuntó.

En El Salvador, el aborto está completamente penalizado, según lo estipula el Código Penal, el cual establece sentencias de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos, incluso los involuntarios, como “homicidio agravado”, penado con hasta 50 años de prisión.

Faltas del equipo médico

Por su parte, Ortiz expresó que la prioridad de los médicos debió enfocarse en la salud de la joven, pero más bien recalcó que ella recibió una atención “deficiente”, ya que ni se le detectó el tumor que tenía en su cuello.

“La atención que se le dio a Manuela en el centro se dio de forma deficiente y esto comienza desde el encabezado que se puso en la historia clínica, en donde se coloca ‘aborto’. Desde ahí se trata de encajar toda la historia clínica a la temática del aborto y se pierde el enfoque de una emergencia obstétrica”, razonó el galeno.

“Incluso, se dejan de documentar en el historial médico antecedentes importantes como el tumor que tenía en el cuello. Esto pudo haber cambiado el rumbo de la atención de Manuela”, recalcó el especialista.

Ortiz ahondó en la deficiencia del hospital y enumeró las faltas que se cometieron contra Manuela:

– Se le administró tardíamente el sulfato de magnesio que forma parte del tratamiento para la hipertensión.

– Se retrasó la extracción de la placenta tres horas y la sutura de los desgarros. Por lo tanto, siguió sangrando durante ese tiempo.

– La descripción en el expediente de Manuela dice que ella estaba en coma. Por ello, asegura el médico, se refleja que no estaba bajo buena vigilancia.

– Por último, Ortiz menciona que en el centro penal tampoco se le dio el debido seguimiento a su estado de salud ni se le detectó la presencia del tumor.

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Primer caso ante la Corte IDH

Esta es la primera vez que la Corte IDH se pronunciará sobre la discriminación y violencia contra las mujeres con complicaciones en su embarazo en los casos en los que se les niega el servicio básico de salud.

La decisión crea jurisprudencia que es extensiva para los otros países que reconocen la competencia contenciosa de la Corte.

Queremos que se “reconozca que negar servicios de salud reproductiva y criminalizar a mujeres por eventos obstétricos constituye violencia”, había destacado la directora para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez.

“El caso se refiere a una serie de presuntas violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena por el delito de homicidio agravado a la víctima del caso (Manuela), en el marco del contexto sobre criminalización del aborto en El Salvador”, consignó la Corte en un resumen del proceso.

El fallo podría demorar de seis meses a un año.

En San Salvador, la abogada defensora de Manuela, Angélica Rivas, aseguró a la agencia AFP que tiene “expectativas altas” de que la Corte va a lograr “establecer todas las violaciones” que argumentaron en su petición.

En tanto, Mónica Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto de El Salvador, también declaró a la misma agencia que confiaba en que Manuela fuera reconocida como víctima de violación a “los derechos humanos múltiples”.

Herrera espera una “reparación integral” para la familia y en un acto público la “dignificación” de la imagen de la víctima y de otras 18 mujeres que aún están encarceladas por emergencias obstétricas.