EscucharLas cárceles son espacios de violencia, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, caracterizadas por el hacinamiento. Esto, en sí mismo, constituye una de las principales violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y al personal penitenciario.
La situación de las prisiones en Latinoamérica no ha mejorado en los últimos años y tiende a agravarse por diferentes factores, entre ellos el “populismo penal”, es decir, el endurecimiento de medidas penales para enfrentar la inseguridad, impunidad y corrupción, sin atender las causas reales como la pobreza, desigualdad social, entre otras, según señala Manuel Jorge Carreón Perea, especialista en Derechos.
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“El número de motines que se han presentado en los últimos años en diferentes prisiones de la región es producto de la inestabilidad y falta de control por parte de las autoridades”, explica el docente de la Universidad Panamericana Ciudad de México (UP México).
De acuerdo con Elba Jiménez, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el reflejo de una política de criminalización en contra de sujetos que el Estado considera violentos. El gobierno los declara enemigos, los persigue y detiene. En algunos casos, advierte, las motivaciones son de carácter político.
Sin embargo, lamenta, Bukele es solo una fotografía que se repite en distintos países de América Latina, como Haití, Cuba y Guatemala.
“Tristemente, ante la estigmatización y criminalización de las personas, no se piensa en meterlos en la cárcel para reinsertarlos... es para aislarlos y supuestamente proteger a la sociedad de esta población, lo cual justifica violentar las Reglas Mandela sobre el tratamiento de reclusos”, detalla Jiménez. Estas reglas refieren que los presos deben tener uniformes, ropa de cama suficiente y recibir tres comidas al día de acuerdo a sus necesidades.
Lo que ocurre en la realidad, advierte, es que bajo el argumento de que la persona privada de la libertad cometió un delito, se le violan los derechos humanos y no tiene derecho a nada.
La también docente en Posgrado de Derechos Humanos subraya que, en el caso de Nicaragua, con el presidente Daniel Ortega, se ha metido a la cárcel a muchos perseguidos políticos, incluso ha declarado ilegales a universidades que se han opuesto a la política del mandatario y las cárceles están siendo sobrepobladas.
Carreón añade otro factor: no existen programas penitenciarios a largo plazo, dado que se buscan solventar problemáticas del momento conforme a lo que resulta más mediático y no acorde a planes y programas definidos.
Carreón remarca que el trato inhumano que se otorga a las personas privadas de la libertad también es uno de los puntos cruciales, ya que las deshumaniza y las coloca en una situación de vulnerabilidad extrema.
Rubén Ortega Montes, analista en seguridad, advierte que el crecimiento de la delincuencia organizada les ha dado poder también al interior de las prisiones, donde la mayoría de las veces existe un gobierno interno paralelo al institucional y oficial. El autogobierno, asegura, impone sus cuotas en trabajo, dinero, especie y servicios. Además, estos cabecillas de prisión tienen comunicación con las estructuras delincuenciales que se encuentran libres en las calles.
“Con ello, las cárceles se convierten en palacios blindados y enrejados que protegen a algunas figuras de alto rango”, enfatiza Ortega Montes.
En lugar de rehabilitación o reinserción social, los directores de reclusorios o penitenciarías se conforman con tener el supuesto control a través del líder delincuencial de las áreas distintas de los penales, mediante la corrupción, señala.
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