EscucharCiudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este miércoles que funcionarios públicos estén detrás de los asesinatos de periodistas en México, al lamentar el crimen de Armando Linares, octavo reportero ultimado este año.
“No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a funcionarios públicos, servidores públicos”, aseguró López Obrador en su habitual conferencia matutina.
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“Son crímenes que han cometido bandas de delincuentes”, añadió el mandatario izquierdista, al reiterar su promesa de “cero impunidad” frente a estos hechos.
López Obrador lamentó el homicidio de Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, ocurrido la tarde del martes en una vivienda del municipio de Zitácuaro (estado de Michoacán, oeste).
Linares fue baleado apenas mes y medio después de que fuera asesinado Roberto Toledo, un colaborador del mismo medio.
Hasta la semana pasada el presidente aseguró que su gobierno tenía documentados cinco homicidios de periodistas, aunque las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la local Artículo 19 registraban entonces siete casos.
Antes de Linares y Toledo fueron asesinados Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa y Jorge Luis Camero, este último el 24 de febrero, dos semanas después de haber dejado su cargo en una alcaldía de Sonora (norte).
López Obrador sostuvo que se investigan todos los homicidios de periodistas. La semana pasada había anunciado 17 arrestos por cuatro de los cinco crímenes que registra el gobierno.
“El Estado no asesina y tampoco se permite la impunidad”, insistió el presidente, para subrayar que su gobierno está enfocado en “proteger a los ciudadanos, a los defensores de derechos humanos, en proteger a los periodistas”.
Tras el crimen de Toledo, el 31 de enero pasado, Linares denunció en un video amenazas contra él y su equipo de trabajo por haber expuesto actos de corrupción.
Unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, lo que convierte a este país en uno de los más peligrosos para la prensa, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.
