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Madrid. Varias regiones españolas solicitaron este viernes al gobierno central la declaración de un estado de alarma que ampare restricciones para frenar la expansión del covid-19 como, por ejemplo, el toque de queda aplicado en otros países europeos.
Estas peticiones llegaron después de una comparecencia extraordinaria del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que advirtió de la gravedad de la situación, pero no anunció grandes medidas de ámbito estatal para combatir el virus.
“Es necesario que haya una declaración del estado de alarma que afecte al conjunto del Estado”, anunció Iñigo Urkullu, el influyente presidente del País Vasco, el primer dirigente regional en solicitar esta medida al gobierno central.
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A su petición se sumaron en cascada los gobiernos de Extremadura, Asturias, Navarra, La Rioja, Cataluña y Castilla-La Mancha. En su opinión, esta declaración ampararía legalmente restricciones severas a la movilidad como el mismo toque de queda.
Entre mediados de marzo y hasta finales de junio, el gobierno de Sánchez empleó esta herramienta para imponer un severo confinamiento a toda la población que ayudó a controlar la primera ola del coronavirus.
Después, la gestión recayó nuevamente en los gobiernos de las 17 regiones españolas, responsables en sanidad. Pero las medidas adoptadas por estas administraciones requieren del beneplácito de la justicia que, en varias ocasiones, las rechazó alegando que limitaban libertades fundamentales.
Tres millones de casos reales
España superó esta semana el millón de contagios diagnosticados por covid-19 y se acerca a los 35.000 fallecidos, siendo uno de lo países europeos más castigados por la pandemia.
Pero "realmente, el número de personas que han sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones", indicó Sánchez en su comparecencia, advirtiendo de que "la situación es grave" y vienen meses "muy duros" con la llegada del invierno boreal.
Antes de su aparición, varias autoridades regionales ya anunciaron nuevas restricciones y algunas pidieron al ejecutivo central imponer un toque de queda, una medida que han aplicado otros países europeos como Francia, Bélgica e Italia.
El ministerio de Sanidad, Salvador Illa, reconoció este viernes estar estudiando las "opciones jurídicas" para facilitar los toques de queda, pero que en principio requerirían un estado de alarma para dar encaje legal a las restricciones a la movilidad.
El ejecutivo puede declarar por iniciativa propia este régimen excepcional en cualquier punto del país por quince días pero para prorrogarlo requiere de la autorización del Congreso, donde la coalición de izquierdas gobernante está en minoría.
Entre marzo y junio, las sucesivas prórrogas del estado de alarma se convirtieron en una pesadilla para el gobierno, que precisó de acuerdos con múltiples formaciones mientras se veía sometido a una fuerte presión para levantarlo del conservador Partido Popular, principal formación de la oposición.
Las regiones toman medidas
Desde entonces, el estado de alarma solo se aplicó en la región de Madrid para imponer un confinamiento perimetral en la capital y otros ocho municipios que previamente había sido suspendido judicialmente.
Esta medida, impuesta contra el criterio del gobierno regional liderado por el Partido Popular, terminará este sábado tras haber estado en vigor dos semanas en las que se redujo notablemente la incidencia del virus.
Para suplir este cierre perimetral, el ejecutivo madrileño impondrá la prohibición de reuniones de personas que no viven bajo el mismo techo entre medianoche y las seis de la mañana y el cierre de bares y restaurantes a medianoche.
Sin esperar al gobierno central, el toque de queda ya se aprobó o debe hacerse en las próximas horas en Castilla y León, Valencia, Murcia o en la zona de Granada, en Andalucía.
Otras regiones como Extremadura, Asturias o Cataluña anunciaron su intención de hacerlo si se aprueba el estado de alarma.
En su comparecencia, Sánchez afirmó que la situación actual “no es comparable a la del 14 de marzo, cuando nos vimos obligados a decretar un confinamiento domiciliario”, un escenario que ahora se quiere evitar “a toda costa” por sus “consecuencias económicas y sociales”.
