Lima. Para miles de mujeres pobres e indígenas peruanas víctimas de las “esterilizaciones forzadas” durante el gobierno de Alberto Fujimori, el inicio del juicio por este cuestionado programa de control de la natalidad les da esperanzas de indemnizaciones, pero también de que el expresidente les pida perdón.

“Más de 20 años hemos esperado que nos hagan justicia. Yo quiero que nos reconozcan, que nos pidan disculpas a todas las mujeres” esterilizadas bajo amenazas o engaños, dice Gloria Basilio Huamán, de 48 años.

Basilio tenía 27 años y vivía en la región de Huánuco cuando, "bajo engaño", le ligaron las trompas de Falopio como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar -en teoría voluntario-, que Fujimori instrumentó en sus últimos cuatro años en el poder.

El exmandatario, de 82 años, cumple una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción. No asistió a la apertura del juicio penal el lunes, que se hizo en forma virtual por la pandemia de covid-19, pues no estaba obligado.

Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, y sus colaboradores son acusados de ser “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos”.

"Jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño", dijo el fiscal Pablo Espinoza.

Los demás procesados son los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, y dos exfuncionarios locales.

Como millares de las 272.038 víctimas, Basilio es quechuahablante y en el juicio escucha al juez, el fiscal y los defensores por medio de un intérprete.

Demanda de justicia

Pide “justicia”. “Somos peruanos, sé que económicamente soy humilde, pero no pobre”.

Archivada varias veces, la causa agrupa a 2.074 demandantes víctimas de este programa que buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales.

En un país con tradición de machismo, algunas sufrieron además el rechazo de sus parejas.

“La vida se me complicó con la esterilización sin consentimiento. Desde que pasó esto yo me empecé a deprimir mucho. Mi pareja me decía que ningún hombre me iba a querer, porque era una mujer que no servía, porque no podía tener hijos. Me abandonó”, relata Nancy Rojas Guerrero, de 48 años.

"Si han querido hacer las esterilizaciones, que nos pregunten, nos expliquen y cada uno tome la decisión", agrega la mujer, operada en un hospital de Villa El Salvador, un populoso distrito del sur de Lima.

Rojas espera que Fujimori, quien nunca se ha disculpado por las esterilizaciones, “nos pida perdón públicamente. Que él y sus ministros reconozcan que se han equivocado con nosotras, que somos humanos”.

Durante la campaña electoral del 2016 la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori prometió compensar a las víctimas, pero sin admitir responsabilidad de su padre.

El ganador de esos comicios, Pedro Pablo Kuczynski, no cumplió en sus 20 meses de mandato la promesa de reparar a las víctimas, e indultó a Fujimori, lo que había asegurado que no haría. Su perdón fue anulado después por la Justicia.

Además de eventuales condenas a los inculpados, las víctimas confían en ser indemnizadas por el Estado, en virtud de una reforma que se hizo al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado interno (1980 al 2000).

“Deberían repararnos. Todavía no encontramos respuesta”, manifiesta María Elena Carbajal, líder de una asociación de mujeres esterilizadas de Lima y del vecino puerto del Callao.

“Pedimos que los implicados públicamente pidan perdón, porque lo que han cometido (...) ha producido que nuestros organismos cada día se deterioren. Muchas quedaron enfermas hasta la fecha y sin encontrar justicia”, agrega la mujer, de 50 años.

En el dilatado sistema judicial peruano, es posible que deban esperar aún más.