EscucharMadrid. Un mes después de las inundaciones que devastaron el este de España, la prioridad de las autoridades es reconstruir lo más rápido posible. Sin embargo, los especialistas abogan por “construir de otra forma”, con una mejor integración en el entorno y desplazando los barrios inundables.
La destrucción es “histórica” en la región de Valencia, donde casi 80 municipios quedaron gravemente dañados por las lluvias torrenciales y las riadas del 29 de octubre, según un balance del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
El temporal dejó un rastro de pueblos desfigurados e infraestructuras dañadas y se cobró la vida de al menos 230 personas en España, principalmente en la Comunidad Valenciana (222 muertos). Esta tragedia se convirtió en la peor catástrofe natural en el país desde las inundaciones de 1973.
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Para la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, la reconstrucción debe hacerse con “mucha empatía”, en “una situación muy dramática, con rigor técnico y con mucha responsabilidad”. Con el cambio climático, estos fenómenos serán “cada vez más intensos” y “frecuentes”. Vall-llossera aboga por ciudades con “espacios verdes, menos vehículos” y “pavimentos menos duros, más permeables, que tengan también una mejor actuación frente al calor intenso” y las “lluvias torrenciales”.
Fuera de las zonas inundables
En la aglomeración urbana de Valencia, la expansión urbanística de los años 1960 aumentó el asfaltado del terreno, haciéndolo más vulnerable a las inundaciones, ya que el hormigón impide la absorción del agua.
En Paiporta, considerado el epicentro de la catástrofe, las principales carreteras se transformaron el 29 de octubre en torrentes de lodo que arrasaron todo a su paso.
En el caso de la Comunidad Valenciana, ya existe un plan de acción territorial de prevención del riesgo de inundaciones, aprobado en 2003, pero no es vinculante ni prima sobre los planes municipales, explica María Jesús Romero Aloy, experta en derecho urbanístico y profesora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Según los datos del plan, la Comunidad Valenciana representa el 5% del territorio nacional en riesgo de inundación, pero registró el 20% de los episodios de lluvias intensas de los últimos 10 años. El mayor riesgo de inundación se concentra en el 12% de la región, es decir, 270.000 hectáreas, y afecta a 600.000 habitantes.
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En esta zona, la autoridad regional recomienda que los propietarios de viviendas tengan una escalera interior con acceso al tejado y puertas y ventanas estancas hasta 1,30 metros de altura. Así se hubiesen evitado muchas muertes “por atrapamiento en las plantas bajas”, considera Romero Aloy, quien defiende ir más lejos y “plantearse retirar esas construcciones” de las zonas inundables.
Hoy en día, un propietario tiene derecho a reconstruir en su parcela inundada, aunque esté en una zona de alto riesgo. El único recurso para impedirlo es la “expropiación forzosa”, como ocurrió en 2019 en Onteniente, municipio situado a unos 85 km al sur de Valencia, donde “se eliminó un barrio” y se transformó en un parque inundable, recuerda la jurista.
Sin embargo, admite que las autoridades y los vecinos son reacios a esta solución, en un contexto de escasez de vivienda.
Normalización aún no llega
Decenas de municipios trabajan por recuperar una normalidad que en muchos casos parece todavía lejana.
“Estamos muy cansados, porque esto no avanza”, explicó a esta agencia Amparo Peris, una vecina del pueblo de Catarroja de 35 años, sobre la lentitud en volver a la normalidad.
“A veces viene la luz, a veces se va... Hay días que a la hora de comer estás sin luz y dices, ‘¿ahora qué comemos?’ Latas... No nos gusta esta situación, esperemos que pase pronto”, añadió, haciendo fila para recoger algunos productos de limpieza de una parroquia.
En la tarde del viernes, organizaciones locales y sindicatos convocaron actos para recordar que se cumple un mes de las lluvias torrenciales que derivaron en las destructivas riadas del 29 de octubre.
Una de las concentraciones será a las 8:11 p. m., la hora en que las autoridades valencianas —la región más afectada, con 222 muertos— enviaron la alerta a los celulares de la población para advertir del peligro, más de 12 horas después de que la Agencia Estatal de Meteorología emitiera su aviso rojo.
Para entonces, la furiosa riada de agua y lodo ya bajaba arrasando diferentes municipios del oeste y el sur de Valencia.
“Vi como el agua se llevaba mi coche”, recordó este viernes Lourdes Real, una peluquera de 46 años de Catarroja. Con la riada, “empezaron a chocarse todos los coches... y la gente dentro. A mí no se me va a ir nunca esa imagen de la cabeza. La gente chillando, intentando salir por las ventanillas”, explicó a esta agencia.
“Queda muchísimo trabajo por hacer, hay centenares de garajes y de sótanos anegados, edificios dañados, empresas cerradas, vías cortadas, pueblos enteros que aún no han recuperado la normalidad”, reconoció el miércoles el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cifró en 69.000 viviendas, 125.000 vehículos y 12.500 comercios las consecuencias materiales del desastre, en base a los datos del consorcio de compensación de seguros.
En total, el gobierno prometió €16.600 millones (unos $17.500 millones) en ayudas y préstamos. Miles de soldados, bomberos y policías fueron desplegados para la limpieza y reconstrucción.
Críticas
La indignación de los vecinos, tanto con el retraso en lanzar la alerta como en la gestión posterior de las autoridades, explotó durante la visita de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, a Paiporta el 3 de noviembre, junto a Pedro Sánchez y el jefe del ejecutivo regional, el conservador Carlos Mazón.
Recibidos entre insultos y lanzamientos de fango, Sánchez y Mazón, que se culpan mutuamente de lo ocurrido, tuvieron que abandonar la comitiva entre una gran tensión, mientras los monarcas trataban de escuchar a los vecinos y acababan cancelando una visita posterior a otra localidad.
Este sábado hay convocada otra movilización en Valencia, la capital regional, donde hace unas semanas ya se congregaron unas 130.000 personas para reclamar la dimisión de Mazón y reprochar la gestión de la emergencia del gobierno de Sánchez.
Toda la atención de los miles de afectados está ahora en tratar de recuperar cuanto antes su vida, y algunos hablan de lentos progresos.
