El Parlamento salvadoreño aprobó un decreto que prohibirá durante diez días la venta de alcohol destilado en negocios no autorizados para controlar las masivas intoxicaciones con licor adulterado que han causado ya 117 muertos.
Una fuente parlamentaria informó ayer que la Asamblea Legislativa aprobó antenoche por unanimidad la ley transitoria que prohíbe a propietarios de farmacias, tiendas al detalle y cantinas la venta de aguardientes sospechosos de contener alcohol metílico, que ocasionó los decesos.
El decreto establece multas para los infractores, que oscilan entre los 50.000 y 100.000 colones salvadoreños (entre ¢1,7 millones y ¢3,4 millones).
La prohibición de vender bebidas alcohólicas no incluye las fermentadas, como la cerveza, el vino, la sidra y el champán, debido a que éstas no han presentado irregularidades, según fuentes legislativas.
El decreto tampoco afectará a supermercados, hoteles, restaurantes y bares que venden bebidas alcohólicas, toda vez que éstos no distribuyen los aguardientes letales.
Las muertes por licor adulterado comenzaron la noche del pasado 2 de octubre en el departamento central de San Vicente, donde se comprobó que las víctimas habían ingerido aguardientes de las marcas "Trueno", "Súper Trueno" y "Bombazo", que contenían elevados niveles de metanol, un derivado del alcohol metílico.
Las autoridades retiraron la semana pasada más de 800 cajas con esos licores de una bodega de la fábrica donde se producen en San Salvador, mientras que en el interior del país la Fiscalía y la policía llevan a cabo constantes allanamientos en busca de remanentes y de otras bebidas sospechosas.
Los pocos sobrevivientes de la intoxicación, que afectó a los departamentos de San Vicente, Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango y La Paz, sufren daños irreversibles en su organismo, como ceguera y otras discapacidades físicas (relato de un sobreviviente en nota aparte).
La Fiscalía General de la República sólo ha ordenado la detención de dos mujeres en San Vicente tras comprobar que vendían alcohol adulterado que causó la muerte de seis personas el 3 de octubre.
Mientras, el Gobierno pidió ayer en anuncios publicados en los diarios locales que la población denuncie las ventas clandestinas de alcohol.
El ministro salvadoreño de Salud Pública, José López Beltrán, no descartó que las muertes puedan ser parte de un "plan de limpieza social" para eliminar a alcohólicos.
En una entrevista de radio, López Beltrán recordó que hace dos años casi a diario eran asesinados homosexuales y travestidos en El Salvador.