EscucharWashington, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra la Corte Penal Internacional este viernes 9 de octubre y prometió paralizar las actividades de ese tribunal, apenas unas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la exjueza de la CPI, la sudafricana Navanethem Navi Pillay.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington prohibiría las transacciones con la CPI, a la que calificó de “deshonesta”, en una escalada de la campaña de Donald Trump contra ese tribunal con sede en La Haya.
“O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI”, declaró Rubio en un comunicado.
El Comité Noruego del Nobel afirmó que Navanethem “Navi” Pillay ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente.
A sus 85 años, Navi Pillay presidió entre otros la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.
Actualmente ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.
El Comité Nobel Noruego dijo este viernes que decidió el premio en un momento en que la justicia internacional “está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque”.
Tribunal califica sanciones de EE. UU. de ataque al derecho internacional
El tribunal rechazó las sanciones de Estados Unidos calificándolas de ataque al derecho internacional y advirtió en un comunicado que “la historia juzgará este momento”.
La medida se produjo el mismo día en que el Comité Nobel Noruego otorgó el premio de la paz a la sudafricana Navi Pillay, una jurista de 85 años que presidió el tribunal sobre el genocidio de Ruanda, formó parte de la CPI y posteriormente lideró una comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza.
La declaración de Rubio no mencionó a Pillay ni el premio Nobel. En su lugar, afirmó que las sanciones eran necesarias para proteger al personal de seguridad y a los funcionarios electos de ser procesados por un tribunal al que Estados Unidos nunca se ha adherido.
“El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, dijo Rubio, añadiendo que las medidas cortarían los recursos del tribunal y paralizarían “su capacidad para operar”.
El máximo diplomático estadounidense señaló que Washington había expuesto durante más de un año los “gestos básicos de buena fe” que esperaba del tribunal, y que había pospuesto la designación con la esperanza de que la CPI o sus Estados miembros cambiaran de rumbo.
Afirmó que no se tomaron “medidas significativas” para abordar las preocupaciones de Estados Unidos.
Rubio también instó a los aliados de Estados Unidos que forman parte del tribunal y que “dependen de los militares estadounidenses para su defensa” a que lo frenen, advirtiendo que, de lo contrario, Washington seguiría trabajando para desmantelar la CPI “ladrillo a ladrillo”.
La administración Trump ya había sancionado anteriormente a funcionarios individuales de la CPI, incluida su fiscal y varios jueces, debido a las investigaciones del tribunal que involucraban a Estados Unidos e Israel, país que tampoco es miembro.
El mes pasado, Trump pidió a todos los Estados miembros de la CPI que abandonaran el organismo, calificándolo de institución “fuera de control” y “díscola”.
