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México D.F. AFP. A 40 años de la matanza de Tlatelolco, los responsables murieron o se hicieron viejos, pero ninguno ha pagado ante la justicia la brutal represión ocurrida el 2 de octubre de 1968 contra estudiantes mexicanos que dejó al menos 44 muertos, según cifras oficiales.
La impunidad es la línea que une a estos 40 años en los “que no se ha logrado ni en el tiempo moderno, ni con la experiencia lamentable y la llaga abierta del movimiento del 68, terminar o disminuir a niveles más lógicos de la impunidad que vive el país”, expresó José Antonio Ibáñez, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
El 2 de octubre de 1968, a las 6 p. m., militares mexicanos dispararon contra los manifestantes cuando unos 8.000 integrantes del movimiento estudiantil se encontraban reunidos en la plaza de Las Tres Culturas (o Tlatelolco) en la capital mexicana.
La refriega duró hasta la medianoche y dejó un número aún indeterminado de muertos entre estudiantes, vecinos, militares y policías, así como 2.360 personas detenidas.
La madrugada del 3 de octubre de 1968 un vocero de la presidencia informó de que había 20 muertos y 70 heridos, pero los medios internacionales y la CIA registraron en su momento unos 300 decesos y, tiempo después el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que fueron entre 30 y 40 fallecidos.
Los cinco presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1929-2000) que le siguieron mantuvieron un hermetismo total sobre la masacre y solo en 1998 se formó una comisión legislativa que llamó a declarar, sin mayores repercusiones, a Luis Echeverría, ministro del interior en 1968 y después presidente de México.
“La investigación más cuidadosa es la que hizo Kate Doyle de The National Security Archive de Estados Unidos, que logró documentar 44 casos” aseguró , por su parte, el investigador y promotor de la defensa de los derechos humanos, Sergio Aguayo.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Delitos del Pasado, creada en el 2003 por el gobierno de derecha de Vicente Fox, investigó el caso.
Como resultado del trabajo de la fiscalía, el expresidente Luis Echevería es el único acusado. Él enfrenta un arresto domiciliario por su avanzada edad, pero no por los hechos del 68, sino por la llamada “guerra sucia” de los años 70.
Díaz Ordaz murió en 1970, mientras que Echeverría por su edad “había perdido el sentido de la realidad y hoy la perdió ya en serio”, dice Jacinto Rodríguez, autor de “1968: todos los culpables”, un texto que salió a la venta esta semana.
“La mayoría de los militares involucrados ya están muertos, ya murió el (entonces) secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García y muchos otros”, agregó Rodríguez.
La fiscalía trató de achacar a Luis Echeverría responsabilidades por el delito de genocidio; sin embargo, fue incapaz de acreditarlo jurídicamente.
“Fox obstaculizó a la fiscalía y se comprometió con el viejo régimen para darle una amnistía de facto”, aseguró a la prensa el investigador Aguayo.
