México. La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles una reforma que elimina siete organismos reguladores, incluido el encargado de proteger datos personales. Según una relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la medida podría socavar el derecho a la privacidad.
El partido Morena y sus aliados avalaron en lo general la reforma constitucional con 347 votos a favor y 128 en contra, informó el Legislativo.
Luego de la votación, se declaró un receso. Los diputados discutirán este jueves las consideraciones particulares antes de enviar la enmienda al Senado.
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El gobierno de izquierda impulsa esta reforma, argumentando que las entidades autónomas son costosas y debilitan su papel como regulador de la economía.
Los partidos de oposición califican la medida como parte de un proyecto “autoritario” del oficialismo, que cuenta con amplias mayorías en el Congreso desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en junio pasado.
Las funciones de los organismos eliminados, dedicados a competencia económica, lucha contra la corrupción y sectores como telecomunicaciones, energía y política social, serán asumidas por diferentes secretarías con “independencia técnica”, según la propuesta.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) concentra una de las mayores polémicas. Este instituto obliga a los organismos públicos a entregar información solicitada por los ciudadanos y sanciona violaciones a la protección de datos personales.
“La desaparición del INAI y la fragmentación de sus competencias podría debilitar la protección de la privacidad”, advirtió la ONU a finales de agosto.
El anterior presidente izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, criticó al INAI, acusándolo de servir a intereses privados y “delincuentes de cuello blanco”.
La desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encargada de garantizar el cumplimiento de las leyes antimonopolio, también genera controversia. Su eliminación podría afectar compromisos asumidos en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige reguladores autónomos.
El texto aprobado por los diputados asegura que el Estado continuará garantizando la libre competencia estipulada en el T-MEC, cuya próxima revisión está prevista para 2026.