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Mineros desempleados, que desde hace tres meses ocupan por la fuerza una mina de estaño, atacaron con dinamita ayer la sede de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en La Paz.
Según los quejosos, el ataque se hizo para exigir la liberación de un líder obrero, provocando serios destrozos aunque no víctimas fatales.
El ataque derivó tres horas después en la reclamada libertad del dirigente Víctor Mena, dispuesta por el juez de distrito Luis André, quien, sin embargo, declaró que el minero continuará bajo investigación judicial.
“Los agresores provocaron varias explosiones de dinamita para penetrar en el edificio”, dijo telefónicamente a Reuters el portavoz de Comibol, Edmundo Zogby.
“Los destrozos fueron importantes en la planta baja, donde volaron la puerta principal”, agregó Zogby, quien permanecía en el interior del edificio y aclaró que los atacantes fueron repelidos por la guardia policial de Comibol con gases lacrimógenos.
Dinamita en la cintura
Cerca de un centenar de los mineros, con cartuchos de dinamita amarrados a la cintura, comenzaron a retirarse de las inmediaciones del edificio de Comibol, ubicado en una céntrica zona de La Paz, una vez atacaron el edificio.
“Estamos decididos a morir”, había dicho antes uno de ellos a periodistas, identificándose como Eloy, mientras efectivos policiales reforzaban el control de la zona.
El minero explicó que el grupo llegó al amanecer a La Paz desde Caracoles, una mina del altiplano andino, distante a 180 kilómetros al sur de la sede gubernamental, para “exigir la libertad de nuestro principal líder, Víctor Mena”, dijo.
El portavoz de Comibol explicó a Reuters que Víctor Mena fue detenido el miércoles por mandato de un juez, bajo una acusación de “robo de minerales” de la mina Caracoles, de propiedad estatal.
Señaló que los ocupantes del edificio habían quedado virtualmente como rehenes, pues hasta la liberación del líder obrero “nadie podía entrar o salir del edificio”.
Unas 200 personas se encontraban en el inmueble en el momento del ataque, y aunque no se reportaron víctimas, algunas tuvieron que ser atendidas por el efecto de los gases lacrimógenos.
La mina de Caracoles, con una producción promedio anual de 1.000 toneladas de estaño, era operada desde 1997 por la empresa privada Barrosquira hasta su invasión, el 4 de mayo, por mineros cooperativistas sin trabajo.
