Ecuador es el epicentro de noticias que golpean la democracia latinoamericana. En menos de un mes, asesinaron a tres actores políticos en la antesala de las elecciones anticipadas a las que recurrió el presidente Guillermo Lasso cuando apenas sumaba dos años al mando de esa nación suramericana.
La Nación conversó con el director del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia, de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Luis Córdova Alarcón. El doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (2019) desmenuza lo que sucede en ese país en materia de seguridad.
El crimen organizado asesinó a Fernando Villavicencio el 9 de agosto.
El periodista fue miembro de la Asamblea Nacional, disuelta en mayo por Lasso, aparecía segundo en la intención de voto con 13,2%, detrás de la abogada Luisa González (26,6%), única mujer y afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), según la encuesta de Cedatos.
Además, el 14 de agosto, otro líder político, Pedro Briones, también fue asesinado, dos días después de esta conversación con el experto ecuatoriano.
- ¿Que desató la inseguridad en Ecuador?
Existe mucha información que aún se debe procesar para poder resaltar las causas estructurales a medio plazo como las inmediatas. Sin embargo, señalaría tres factores o condiciones que contribuyeron al deterioro de la seguridad en Ecuador y a la explosión de esta ola de violencia criminal.
“En primer lugar, se destaca un factor político-criminal relacionado con la infiltración del crimen organizado en el Estado y la violencia. Siempre es importante recordar que la violencia se relaciona, lo que implica una interacción variada entre los grupos criminales y las fuerzas de seguridad estatales.
“Otro factor es el contextual. En 2016, se produce también un cambio en la geopolítica de la cocaína. Por un lado, como resultado del incumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia, lo que genera un vacío de poder en la zona del Caquetá y del Putumayo, así como en toda la zona fronteriza con Colombia y Perú.
“El tercer factor es de índole institucional. Aquí es necesario abordar el giro institucional del gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Por ejemplo, se desmonta una gran parte de la institucionalidad creada en materia de seguridad, reduciendo el presupuesto estatal bajo el argumento de que había un exceso de funcionarios, entre otros aspectos. Se eliminan las pruebas de confianza en la Policía Nacional para el proceso de ingreso. Además, se elimina el Ministerio Coordinador de Seguridad y se fusionan los Ministerios de Justicia e Interior.
- ¿Se conocen de pactos con las mafias?
En situaciones en las que existe hegemonía en ambas esferas, se pueden dar pactos criminales que facilitan una especie de ‘paz mafiosa’. Cuando se pierde esta hegemonía, los pactos se desintegran y se desencadenan olas de violencia criminal.
“Los factores político-criminales y la infiltración del crimen organizado en el Estado, así como las dinámicas de poder y las alianzas cambiantes entre los grupos criminales y las fuerzas de seguridad, jugaron un papel crucial en el deterioro de la seguridad en Ecuador y en la exacerbación de la violencia criminal.
- ¿Desde cuándo se asentó el crimen organizado de tal manera que parece que ellos son quienes dictan sus leyes en Ecuador?
Muchos de estos acontecimientos ocurrieron en Ecuador en el año 2017, siendo ese un periodo crucial. Hasta entonces, es importante resaltar que la tasa de homicidios se mantenía notablemente baja, cercana a cinco homicidios por cada 100.000 habitantes.
“A partir del 2018 y 2019, la tasa de homicidios experimentó un aumento vertiginoso. Para entender estos cambios, es relevante mencionar algunos hechos fundamentales. En el 2017, por ejemplo, fue detenido en Colombia un individuo conocido como ‘el Pablo Escobar ecuatoriano’, alias de un lanchero llamado Alejera. Este individuo se convirtió en el principal exportador de cocaína en la región del Pacífico colombiano y en las zonas del norte de Ecuador, estableciendo alianzas con la organización criminal conocida como “Choneros”. Esta última organización también logró adquirir hegemonía en Ecuador durante el período 2013-2017.
- ¿Había criminalidad en el gobierno de Lenín Moreno?
En noviembre del 2017, en Ecuador, desde el punto de vista político, en la otra esfera, comienza el procesamiento penal contra el exvicepresidente Jorge Glas, y se da un giro político de Lenín Moreno, que termina constituyendo un auténtico quiebre con respecto al proyecto que venía apoyando la Revolución Ciudadana con el expresidente Rafael Correa.
“Además, no es coincidencia que esto ocurra en noviembre del 2017, lo cual desemboca en el primer acto de violencia criminal de esta nueva ola de violencia que vivimos en el país. Dicho acto se produce en enero del 2018.
“En enero del 2018, se produce un estallido de un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Dos meses más tarde, en marzo del 2018, fue secuestrado un equipo periodístico de El Comercio. Ambos eventos son atribuidos al frente Oliver Sinisterra, en ese caso dirigido por un grupo residual de las Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia (FARC).
“En diciembre de 2018, se hace pública la historia del famoso alias ‘Capi’, un capitán del ejército retirado que, desde 2009 hasta 2013, cuando fue detenido, también se convirtió en uno de los principales articuladores logísticos del tráfico de cocaína al servicio, en este caso, del cartel de Sinaloa.
“En abril de 2018, un oficial del escolta presidencial de Lenín Moreno resulta ser el encargado de la seguridad de una organización de narcotráfico, y es detectado y puesto en manos de la justicia.
- ¿De qué forma luchan contra la mafia?
La guerra contra las drogas se convirtió en una estrategia de intervención que provocó un proceso acelerado de militarización en la seguridad pública. La implementación de esta estrategia se enfoca en debilitar a las organizaciones criminales mediante la captura de sus líderes, lo cual resulta en una mayor fragmentación. Además, se centra en una métrica de éxito basada en la cantidad de droga decomisada. En Ecuador, el enfoque del gobierno y la policía se centra en cuántas toneladas se incautan y cuántas vidas se salvan.
“Esta estrategia va acompañada de un aumento en la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad del Estado durante los últimos dos años. De hecho, esta infiltración se extiende incluso a otras áreas del Estado debido a la falta de políticas efectivas para combatir la impunidad”.
Ecuador se encuentra en un estado funcional desorganizado, y considero que esta es una de las razones fundamentales que explican incluso el asesinato del candidato Villavicencio”.
- ¿Había sucedido un punto álgido de violencia tan alto como el actual?
No se había dado un evento de violencia criminal visible tan agudo como lo que acaba de ocurrir en estas dos provincias. Por eso, nos parece que el asesinato del alcalde de Manta, provincia de Manabí, el 25 de julio de este año, y pocos días después, casi en una semana consecutiva, el asesinato de un candidato presidencial en Quito, provincia de Pichincha, el día nueve de agosto, tienen un significado más allá de la casualidad.
- ¿Qué impacto generó la muerte del alcalde y del candidato presidencial?
“Desde el punto de vista de la percepción electoral, estos dos asesinatos generan un impacto profundo en la ciudadanía. Esto podría perfectamente impulsar el respaldo hacia aquellas ofertas electorales que promueven medidas de mano dura. Estas propuestas son evidentes tanto en las elecciones presidenciales como en las de asambleístas. En última instancia, podrían resultar en un cambio drástico en el panorama electoral. Habrá que esperar para ver qué sucede el 20 de agosto, pero al menos en estos dos primeros días posteriores a los asesinatos, esto es lo que ya se percibe”.
- ¿La violencia se da al candidato que tenga una postura más firme en cuanto al tema del narcotráfico y el crimen organizado?
“Exactamente, sin duda. En la actualidad, Ecuador se cuestiona si realmente se encuentra en una situación tan crítica que lleva a los votantes a optar por alguien que ofrezca un estándar de seguridad más sólido. Esa es la realidad.
“Aquí en Ecuador, esta posibilidad estaba enfocada principalmente en una o tal vez dos candidaturas que estuvieron enfatizando en esa dirección. Una de ellas es la del candidato Jean Topic, un empresario millonario vinculado al sector de las telecomunicaciones. Además, estuvo involucrado como accionista mayoritario y como testaferro del exvicepresidente Jorge Glass.
“Este candidato recibió más de $12,5 millones en su cuenta bancaria en Miami provenientes de coimas de Odebrecht. Todo esto está debidamente documentado, por cierto. Entonces, aquí tenemos a un candidato que está promoviendo la implementación de tecnología, como ciberseguridad, y un mayor control militar y policial.
- ¿Qué acciones tomó Guillermo Lasso para combatir la crisis de seguridad?
Una vez que el presidente Guillermo Lasso asumió la lucha contra las drogas con el respaldo de Estados Unidos, es claro que este país tampoco está interesado en que dicha lucha termine ahí. Por lo tanto, sería beneficioso para Estados Unidos que el próximo gobierno de Ecuador se alinee con esa estrategia y siga avanzando en esa dirección.
“Esto se entiende por el hecho de que hace dos semanas, en el Pentágono, el ministro de Defensa del Ecuador firmó un memorando de entendimiento con su homólogo estadounidense para fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas hasta el año 2030. También se tiene en cuenta que, a mediados de julio, el ministro del Interior de Ecuador emitió estrategias de seguridad con miras hacia el horizonte del 2030. Estas estrategias están enraizadas precisamente en la misión belicista de enfrentar el problema del crimen organizado.
“La pregunta que nos surge aquí es quién asegura que, hasta el 2030, las circunstancias no cambiarán de manera que sean lo suficientemente audaces como para llegar a acuerdos de tal envergadura justo antes de la salida de un gobierno. En este punto, debemos considerar qué actor sería capaz de garantizar eso. Probablemente, esta figura no esté presente en Ecuador, sino que tenga presencia e influencia en él”.
- ¿Qué convierte a Ecuador en un punto de disputa para tener el control de sus puertos?
La falta de integridad en las instituciones de seguridad, como la policía y las Fuerzas Armadas, así como en la justicia con jueces y fiscales, es otra de las razones. Sin embargo, la principal, sin duda, reside en la fragilidad institucional del Estado ecuatoriano. Me refiero a la fragilidad en el sentido de que en Ecuador muchas leyes y normas son fácilmente vulnerables a manipulación. La capacidad de torcer las reglas y aprovechar los vacíos legales en el sistema jurídico es una característica central que contribuye a lo que está ocurriendo.
“Si a esto se suma que Ecuador es una economía dolarizada con escasos controles en materia de lavado de activos y con insuficientes medidas para rastrear el flujo de dinero ilícito, resulta evidente que Ecuador no solo se está convirtiendo en una plataforma de exportación de cocaína, sino también en una extensa lavandería de dinero sucio”.
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- ¿La situación actual de Ecuador tiene alguna posible solución en un futuro cercano?
Lamentablemente, considerando los eventos recientes y si las previsiones que acabo de mencionar se materializan en las elecciones de la primera vuelta e incluso en una eventual segunda vuelta, creo que es poco probable que las cosas cambien significativamente.
“Parece que el próximo gobierno, que además tendrá una duración muy breve de tan solo un año y medio debido a las elecciones adelantadas de período, enfrentará una situación extremadamente complicada. Mi impresión es que, en el país con el respaldo de Estados Unidos, la policía y las fuerzas armadas tejen una compleja red en la que el próximo gobierno se encontrará atrapado, dificultando la posibilidad de avanzar y profundizar en la militarización de la seguridad pública, así como en la estrategia belicista de combate al narcotráfico.
“Si esto llegara a concretarse, es probable que las cifras de muertes aumenten de manera atroz, y podrían incluso surgir asesinatos políticos, tal como ocurrió en la guerra criminal narco que tuvo lugar en México después de que el presidente Felipe Calderón, en 2006, cuando decidió emprender una guerra contra las drogas y los narcotraficantes. En ese período, se observó un aumento en los asesinatos de figuras políticas, candidatos y funcionarios públicos de alto perfil.
“Es crucial dejar de utilizar el tema del crimen organizado como pretexto, sino adoptarlo como un marco para el desarrollo de una inteligencia estratégica estatal que permita rastrear el dinero ilícito y cortar los flujos financieros que alimentan esta oleada de violencia.
Una de las urgencias en el país es la inversión e inclusión económica y social en las zonas urbanas marginales, donde el crimen y la violencia están penetrando con mayor fuerza. Existe una gran cantidad de adolescentes y jóvenes que carecen de oportunidades laborales y educativas. Estos jóvenes se ven obligados a unirse a pandillas o, en su defecto, a emigrar.
“Otro aspecto crucial es comprender la importancia de una política de drogas que distinga claramente entre el consumidor y el traficante. De lo contrario, nos mantendremos en un ciclo destructivo en el que simplemente cambiaremos de una droga a otra, tal como Estados Unidos está experimentando actualmente. Hasta hace tres años, la cocaína era su principal preocupación, pero ahora el fentanilo se convirtió en su mayor desafío”.
- ¿Por qué en los puertos ecuatorianos los escáneres, para detectar droga en los contenedores, no se utilizan?
Quisiera mencionar que en Ecuador los escáneres en los puertos no funcionan o no operan de manera efectiva para la detección de drogas. Puede ser que no estén siendo utilizados adecuadamente o que haya falta de control. O quien los opera decida cuando se prenden o cuando se apagan. El tema no es tener la mayor o mejor tecnología, el gran tema es la impunidad en el Estado, no hay mecanismo de supervisión externa, incluso en algo tan sensible como las aduanas.