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La inmolación en el Congreso de un minero desempleado que exigía una jubilación anticipada desató ayer protestas contra el Gobierno por parte de cesantes que reclamaron un beneficio similar y amenazaron con seguir ese camino.
El martes, el minero Eustaquio Picachuri, de 47 años, murió junto con dos policías en un salón del Congreso. El minero llevaba 33 cartuchos de dinamita. Otros 10 policías resultaron heridos de gravedad.
El dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Miguel Zubieta, dijo que para los próximos días está prevista la llegada a La Paz de miles de compañeros para iniciar protestas en la ciudad reclamando la atención a una serie de demandas.
Ellos reclaman beneficios fuera de la Ley de Pensiones de 1996 como la jubilación prematura y la devolución de sus aportes al sistema. Otros amenazaron con quitarse la vida.
“Todos estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas si el gobierno (de Carlos Mesa) no cambia la actual Ley de Pensiones ”, dijo Félix Condarco, dirigente de los trabajadores mineros desempleados.
El Gobierno informó ayer de que el Presidente convocó a sus ministros para analizar lo acontecido y ver la forma de atender los pedidos de otras 30.000 personas que reclaman jubilaciones anticipadas.
El ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino, informó de que Picachuri reclamaba su jubilación, pese a haber aportado menos de 15 años, cuando la ley establece que el mínimo son 20 y que el beneficiario tenga al menos 65 años.
En esa se estableció la creación de administradoras privadas de fondos y mantiene el régimen de reparto para los entonces jubilados y los que estaban cerca de serlo. La ley anterior requería 15 años de aporte y 60 años de edad.
