EscucharSan Salvador. Nayib Bukele tiene cinco años y cinco meses en la presidencia de El Salvador. Su figura es mediática, y todo se debe a su “guerra contra las pandillas”, como él la define, bajo el régimen de excepción que inició en marzo de 2022. Para Cristosal, una organización humanitaria salvadoreña, esta medida desvía la atención de otros temas urgentes que demanda la ciudadanía, como la educación y la economía del país, por citar solo dos ejemplos.
La Nación conversó con Abraham Ábrego, director del Programa de Litigio Estratégico de la organización, en San Salvador, para profundizar en el complejo panorama que enfrenta el país bajo la actual administración. Desde la implementación del régimen, se han reportado 3,780 denuncias de violaciones de derechos humanos, que afectaron principalmente a jóvenes de comunidades empobrecidas y estigmatizadas.
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Ábrego reflexiona sobre los problemas subyacentes que el gobierno salvadoreño aún debe resolver. La seguridad mejoró en ciertas áreas, pero temas como la pobreza, el desempleo y la dependencia económica de las remesas, que provienen de los Estados Unidos, siguen sin resolverse, creando una percepción en la población de que la “estabilidad prometida es, en realidad, un espejismo que oculta problemas estructurales mucho más profundos”.
– ¿Cómo afecta el control gubernamental de los medios y la falta de investigaciones locales sobre el gobierno de Nayib Bukele en la percepción pública de las negociaciones con las pandillas?
– Las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas fueron reveladas inicialmente por investigaciones de medios independientes que no alcanzan a toda la población debido al control gubernamental de los principales medios, lo que genera desinformación. Un dato relevante, poco conocido por la mayoría, es la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde líderes pandilleros declararon sobre negociaciones con funcionarios del gobierno de Bukele para reducir los homicidios antes de las elecciones del 2019.
”El objetivo de estas negociaciones era crear una atmósfera que permitiera a Bukele, como candidato, mostrar control sobre la seguridad. Esta práctica de negociar con pandillas también se observó en gobiernos anteriores de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), buscando beneficios electorales al disminuir los homicidios. El gobierno de Bukele habría retomado esta estrategia para influir en el contexto electoral. Actualmente, hay investigaciones contra funcionarios de Arena y del FMLN por estas negociaciones, pero no existe una investigación abierta contra el gobierno de Bukele, a pesar de la investigación en curso en Estados Unidos.
– ¿Considera que el régimen de excepción ha sido selectivo? Lo pregunto porque ustedes trabajan de la mano con zonas vulnerables del país, donde las pandillas incluso mandaban antes.
-- Creo que sí. Nosotros, en Cristosal, hemos documentado denuncias de violaciones de derechos humanos. Hemos recibido 3.780 denuncias en los últimos dos años. El perfil de la población afectada son jóvenes de extracción económica baja, provenientes de comunidades urbanas o semirurales. Este perfil es muy marcado. Hay un sesgo en la aplicación del régimen de excepción porque no vemos intervenciones en comunidades de clase media o alta. La intervención militar ha sido principalmente en comunidades estigmatizadas por la presencia de pandillas, pero que también son comunidades pobres.
– ¿Es cierto que hay líderes pandilleros que no han sido afectados por el régimen de excepción?
– Antes de que se implementara el régimen de excepción, varios líderes de pandillas ya estaban detenidos con procesos penales abiertos. Sin embargo, algunos de estos líderes han sido protegidos por el sistema judicial salvadoreño, evitando su extradición a Estados Unidos, que solicita a varios de ellos por crímenes graves. La Corte Suprema de Justicia rechazó al menos cinco solicitudes de extradición, con lo que uno podría pensar que ciertos líderes pandilleros están siendo blindados por el régimen.
”Además, recientes reformas penales establecen una distinción entre los líderes y los miembros de bajo nivel de las pandillas, otorgando a los primeros un trato más favorable. Informes señalan que la mayoría de los detenidos bajo el régimen de excepción no pertenecen a las altas esferas dentro de las estructuras criminales. Esto sugiere que el régimen no está orientado a desmantelar a los verdaderos líderes de las pandillas, sino que está afectando principalmente a los miembros de menor rango.
”Un ejemplo claro de esta protección es el caso de un pandillero conocido como “Crook”, quien, a pesar de estar detenido en El Salvador, fue trasladado a México antes de ser capturado por Estados Unidos. Este hecho resalta la contradicción en la política de seguridad del régimen, que dice combatir a las pandillas pero, en ciertos casos, se podría pensar que protege a sus líderes.
”El régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022, fue justificado por un repentino aumento de homicidios, con 86 asesinatos en un solo fin de semana. Sin embargo, se sospecha que este aumento de violencia fue causado por un rompimiento en las negociaciones entre el gobierno y las pandillas. Aunque el gobierno afirmó que el régimen era necesario para controlar la situación, el nivel de homicidios volvió a bajar después del primer mes, lo que pone en duda la continuidad de las prórrogas, que ya suman 29, cuando la Constitución solo permite una”.
– ¿Cómo podemos definir la fuerza de las pandillas en El Salvador?
– En El Salvador, las pandillas han tenido una relevancia social y política considerable, logrando un control territorial en varias zonas del país. Este control era tal que instituciones públicas y empresas privadas necesitaban la autorización de los líderes pandilleros para operar en esas áreas. Las pandillas también cobraban rentas a empresas para permitirles funcionar en sus territorios. Su poder llegó a tal punto que violar sus reglas territoriales, como ingresar a una colonia sin permiso, podía resultar en asesinato.
”La influencia de las pandillas era tan grande que incluso podían amenazar con paralizar al país mediante atentados. Debido a esto, los gobiernos se vieron obligados a negociar con ellas en temas como el transporte público y las extorsiones. Aunque eran pandillas, operaban como grupos de crimen organizado, generando ingresos significativos por extorsión y lavando dinero a través de la creación de empresas”.
– ¿Cómo cataloga el sistema polítivo actual en El Salvador? Algunos dicen que están a las puertas de una dictadura.
– El Salvador se clasifica como un sistema híbrido, donde aunque el gobierno llegó al poder legítimamente mediante elecciones, desarrolló una estructura autoritaria. El poder se concentra en el presidente, anulando los contrapesos de otros órganos, como el judicial y el legislativo, lo que limita la rendición de cuentas. Esta concentración de poder crea una dependencia significativa del Ejecutivo, lo que caracteriza al gobierno como autoritario.
”Aunque el régimen no alcanza los niveles de represión de una dictadura, hubo represión contra sectores sociales que protestan. El régimen de excepción se utiliza para criminalizar y atacar a quienes critican o se oponen al gobierno, como sindicalistas, vendedores informales y líderes comunitarios. Esta instrumentalización política del régimen refuerza su carácter autoritario, aunque su evolución podría determinar si llega a ser clasificado como una dictadura”.
– ¿Podemos decir que resolver el tema de la inseguridad hace que el Gobierno tape otros temas urgentes por resolver?
- El enfoque en la seguridad genera satisfacción en El Salvador, donde el régimen de excepción fue una respuesta a la crisis de las pandillas. La violencia y el control territorial afectaron a la población por años, y Bukele aprovechó la situación, promoviendo el régimen como la solución para reducir la presencia de pandillas. Aunque la seguridad mejoró, la percepción de que es el único problema a resolver y ha desviado la atención de otros temas urgentes.
”La mayoría de la población respalda el régimen de excepción porque nota un cambio en la seguridad, pero ahora las encuestas señalan que la economía es el nuevo problema principal. La gente ahora es más crítica ante prácticas abusivas, como la detención de personas inocentes, algo que el gobierno inicialmente negó, pero luego reconoció al liberar a 8,000 personas sin vínculos con pandillas. Esto creó un rechazo hacia los abusos del régimen.
”Aunque la mayoría sigue apoyando el régimen, esta aprobación se debe a la fuerte publicidad, a pesar de que las políticas de inserción y prevención reciben poca inversión. Los resultados positivos se atribuyen al régimen, sin un análisis profundo de las necesidades estructurales. Aún no se sabe cómo se reconfigurará la estructura social tras el debilitamiento de las pandillas.
”En algunas zonas, la presencia policial y militar genera más miedo que las pandillas, debido a casos de abuso y violaciones de derechos. Este control de las fuerzas de seguridad sigue siendo una preocupación, mientras el gobierno parece centrar su atención en la seguridad, dejando de lado otros temas sociales y económicos.
– ¿Cuáles son los temas que el gobierno de Bukele debe resolver pronto, considerando que la seguridad parece ya estar resuelta para la población?
– La pobreza y el desempleo son los problemas más urgentes. La mayoría de la población no tiene acceso a trabajo digno, lo que genera migración. Los salarios bajos y el alto costo de vida agravan la situación. El crecimiento económico es históricamente bajo, y la inflación, especialmente en alimentos y viviendas, empeoran las condiciones de vida.
”Otro tema es el alimentario, ya que El Salvador depende cada vez más de las importaciones de alimentos, y la inversión en agricultura es mínima. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria, especialmente con el cambio climático afectando la producción. El abandono del sector agrícola es preocupante, y la dependencia de las remesas familiares es una señal de la falta de oportunidades laborales internas.
”En cuanto a educación y salud, el sistema educativo ha visto una caída en la calidad y todavía enfrenta problemas de infraestructura. Solo existe una universidad pública y la salud pública presenta deficiencias, en parte por la fuga de médicos debido a los bajos salarios. Finalmente, el problema del sobreendeudamiento y la falta de financiamiento pone al gobierno en una situación complicada, donde enfrenta dificultades para invertir en estos sectores esenciales y mantener los pagos de pensiones”.
