Ginebra. El gobierno de Daniel Ortega ataca “de manera sistemática” al sector universitario en Nicaragua mediante una “campaña represiva” que busca silenciar las voces críticas, denunció este viernes un grupo de expertos de Naciones Unidas.
“El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ha documentado amplias violaciones de derechos humanos contra estudiantes, docentes y demás personal universitario”, con la intención de “suprimir la disidencia y la libertad de expresión”, señala el informe publicado por la ONU.
Estudiantes y profesores sufrieron “violencia física y psicológica, incluidas amenazas, intimidación, golpes y aislamiento prolongado” desde las protestas antigubernamentales de 2018, las cuales dejaron al menos 300 muertos, según la ONU.
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El sector universitario fue el principal promotor de esas manifestaciones, que se prolongaron varios meses y que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, califican de intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
Desde entonces, el gobierno nicaragüense atacaron directamente a las universidades como parte de una campaña represiva, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político, señaló Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos, en el comunicado.
El informe del Grupo resalta la “expulsión arbitraria de estudiantes y profesores críticos con las autoridades”.
Además, menciona el “cierre de múltiples universidades” y que en aquellas que siguen abiertas “el gobierno ha instituido medidas de control político, imponiendo restricciones a la libertad académica y de investigación y limitando el acceso a la educación” de críticos o disidentes.
En agosto de 2023, el gobierno de Ortega confiscó la Universidad Centroamericana (UCA), perteneciente a la Compañía de Jesús, cuyos estudiantes lideraron las protestas de 2018. La acusaron de ser un “centro de terrorismo”, y ahora en su campus funciona una universidad pública.
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El Grupo de Expertos pidió “acción internacional para proteger la integridad” de estudiantes, docentes y profesionales del sector ante este “patrón de violencia y represión diseñado para sofocar” la crítica contra el gobierno.
Este panel es un órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado en marzo de 2022.