El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se debilita cada vez más. Así lo describen opositores y críticos del actual gobierno que ordenó este miércoles quitarle la nacionalidad a 94 personas que cuestionan la dictadura en la que vive el pueblo nicaragüense desde el año 2006.
La Nación conversó con la periodista Lucía Pineda, directora del medio digital 100% Noticias y también con Roberto Bendaña, administrador de empresas y cafetalero quien tuvo que escapar de su país en medio de un arresto domiciliario en el año 2013.
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La comunicadora vive en Costa Rica y también tiene la nacionalidad tica, y el empresario radica en Texas, Estados Unidos.
Ambos coincidieron en que las últimas decisiones que tomó el régimen solo demuestran una severa debilidad.
“No me sorprende lo que está sucediendo. Esperaba que esto sucediera desde el 2018 cuando fui enviada a presión. Esto lo veo como un fuerte síntoma de debilidad, no es fortaleza. Ellos van en picada a un paso muy rápido”, dijo Pineda.
Por su parte, Bendaña dice que cuando un régimen está cerca de caer, las leyes se vuelven locas. Esto en referencia a que todo de lo que se les acusa es un invento, carecen de pruebas.
“No puedo dejar de hacer referencia a una cita del filósofo Cicerón, en la que dice que entre más cerca está la caída de un régimen, más locas están las leyes. Es lo que sucede en Nicaragua. Soy perseguido por denunciar los crímenes de lesa humanidad y las elecciones fraudulentas que iniciaron desde el 2008 en las elecciones municipales. “Esto es un ejemplo de crimen de lesa humanidad, el destierro de 221 opositores, ahora pretenden quitarnos la ciudadanía a 94 personas más y confiscarnos nuestros bienes, y sabemos que eso lleva el asedio a nuestros familiares que están allá. Sin duda es una señal de debilidad del régimen”, detalló Bendaña.
Este grupo de personas, que ahora corren la misma suerte de los 221 presos políticos liberados la semana anterior, fueron acusados por el Ministerio Público por el supuesto delito de “traición a la patria”, según unas resoluciones emitidas este 15 de febrero por jueces sandinistas de Distritos Penales de Audiencias de la Circunscripción Managua.
Inseguridad jurídica para todos, incluyendo al ejército
Las condiciones en Nicaragua denotan una enorme presión para los mismos partidarios del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). Incluso, el propio ejército no escapa de ello.
“En Nicaragua no hay seguridad jurídica ni para las empresas del ejército que han acuerpado a Daniel Ortega. Tampoco lo hay para los empresarios chinos que son los nuevos socios de Ortega, no lo hay para los rusos, ni venezolanos. El mayor golpe económico se lo propina Daniel Ortega a él mismo por estas decisiones”, dijo Pineda. Además, la comunicadora considera que la liberación de los opositores confunde y disgusta a los sandinistas.
Pineda menciona que el discurso a lo interno del país es contradictorio. “Hace un par de semanas atrás el discurso era que estos terroristas (opositores) no iban a salir y cumplirían sus condenas. De un momento a otro, se da la liberación hacia los Estados Unidos. ¿Entonces? Eso causa enojo en un sector de quienes los siguen, porque mientras muchos de ellos se tienen que jugar la vida pasando el río Bravo para llegar a los Estados Unidos, otros llegan por medio de un avión”, mencionó Pineda.
Para Bendaña, en Nicaragua están pasando una serie de cosas que dejan ver que las bases del régimen se comienzan a mover.
“Cuando usted ve que poco más de 200 mil nicaragüenses dejaron el país en busca de un futuro mejor, es un dato revelador. Uno podría pensar que el objetivo del régimen es intimidar a la población, que algunos vean que si se oponen al Gobierno, les podría pasar lo mismo. Pero no estoy seguro de que este sea el efecto en la población. Ellos dos (Rosario Murillo y Daniel Ortega) también están divididos. Estas decisiones son patadas de ahogado.
“La gente no soporta el control, son dos personas las que tienen secuestradas a seis millones de nicaragüenses”, considera Bendaña.