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Manila. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, anunció este miércoles que va a retirar a su país del tratado de la Corte Penal Internacional (CPI), que está examinando su letal guerra contra las drogas.
“Yo declaro (...) que Filipinas retira su ratificación del Estatuto de Roma con efecto inmediato”, dijo el presidente en un comunicado.
La Corte, con sede en La Haya, dio a conocer a principios de febrero la apertura de una investigación preliminar sobre las miles de muertes atribuidas a la “guerra contra las drogas” que lanzó el mandatario en Filipinas tras su elección, en el 2016.
Desde entonces, la Policía afirma que mató a unos 4.100 presuntos traficantes y consumidores de droga en el marco de esta campaña, pero los grupos de defensa de derechos humanos aseguran que el balance es unas tres veces superior a la cifra aportada por las autoridades.
El mandatario, a quien que se acusa de atizar esos asesinatos con sus declaraciones incendiarias, expresó su desacuerdo con que la Fiscalía de la CPI iniciara un examen preliminar sobre Filipinas.
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La CPI se conformó el 1.° de julio del 2002, tras la ratificación del Estatuto de Roma por 60 Estados.
Los crímenes que entran dentro de las competencias jurídicas de la Corte son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, entre ellos el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violación, las persecuciones por motivos raciales, étnicos o religiosos, la deportación y el apartheid.
Filipinas ratificó en el 2011, durante la presidencia de Benigno Aquino, antecesor de Duterte, el Estatuto de Roma, lo que le dio al tribunal la autoridad para investigar crímenes en su territorio.
Arremetida contra la CPI
Este miércoles, Duterte, un exabogado, criticó la investigación preliminar de la CPI a su campaña contra la droga al considerarla que fue “creada con exageración y malicia”. “Parece que la CPI se está usando como una herramienta política contra Filipinas”, afirmó.
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En su comunicado, Duterte habló de “ataques sin fundamento, sin precedente e indignantes contra su persona y su administración”.
“Los actos que presuntamente cometí no son ni genocidio ni crímenes de guerra”, aseguró.
En octubre del 2016, cuando Duterte no llevaba ni cuatro meses en la Presidencia, la fiscala de la CPI, Fatou Bensouda, expresó en un comunicado que estaba “profundamente preocupada” por las informaciones de muertes extrajudiciales de más de 3.000 presuntos consumidores y traficantes de droga.
En febrero pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra pidió a Filipinas que aceptara la visita de un relator especial de la ONU. Las autoridades filipinas dijeron en un principio que estaban dispuestas a colaborar, pero el portavoz de Duterte, Harry Roque, señaló que rechazaría la visita de la relatora designada, Agnes Callamard, quien ya había presionado para investigar los asesinatos.
Roque también dijo que la CPI no tenía jurisdicción en el caso porque el tribunal es considerado una instancia “de último recurso” y las cortes filipinas funcionaban en su totalidad.
