EscucharParís. Investigadores desean enterrarlos, pero los Estados los aprovechan. Los créditos de carbono, que permiten a las empresas compensar sus emisiones de CO2 y promover vuelos, champú o café “neutros”, podrían ganar terreno en la COP28.
”La ausencia de normas, regulaciones y rigor en el mercado voluntario de créditos de carbono es muy preocupante,” afirmó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, durante la 27ª conferencia de la ONU sobre el clima, ”y este instrumento no debe socavar los esfuerzos reales de reducción de las emisiones.”
Criticados desde su nacimiento después del Protocolo de Kioto (COP3 en 1997), los créditos de carbono vivieron su annus horribilis en 2022-2023, del cual salieron con la credibilidad manchada por varias investigaciones periodísticas y estudios científicos.
En concreto, proyectos que permiten proteger tierras de la deforestación, reemplazar cocinas de leña o instalar parques eólicos en lugar de una central termoeléctrica a carbón afirman absorber o almacenar más CO2 que si no existieran, y asocian los créditos de carbono a ese dióxido de carbono, bajo ciertas condiciones.
Un crédito equivale a una tonelada de CO2 que no entró en la atmósfera o que fue retirada de ella, y puede ser adquirido por una empresa para “compensar” sus propias emisiones de dióxido de carbono, es decir, reducir en los papeles su huella ambiental.
”He estado estudiando la calidad de los créditos de carbono durante 20 años, y siempre fue mediocre,” afirma Barbara Haya, directora del Berkeley Carbon Trading Project.
El estudio sobre proyectos de deforestación realizado por su equipo es implacable. La reducción de las emisiones y los beneficios de los proyectos están sobreestimados, y los derechos de las comunidades locales a menudo son vulnerados. La independencia de los inspectores encargados de evaluar los proyectos no está garantizada, y las metodologías de los certificadores (Verra, Gold Standard...) que permiten vender créditos de carbono son laxas.
”A todos los actores les conviene que se creen un máximo de créditos de carbono,” agrega la investigadora. En conclusión: se emiten demasiados créditos y la mayoría no permite las reducciones de emisiones prometidas.
“Dar credibilidad”
Frente a las críticas, el precio de los créditos de carbono se desplomó, pasando de $18 por tonelada en enero de 2022 a $6 en enero de 2023 y a menos de dos dólares a mediados de octubre, para aquellos asociados a proyectos de protección de la naturaleza.
Tras un techo de más de 350 millones de créditos emitidos en 2021, los volúmenes retrocedieron ligeramente en 2022 y 2023, pero siguen por encima de los niveles anteriores a 2020. Según las proyecciones de la agencia financiera Bloomberg, podrían alcanzar los 8.000 millones en 2050.
Pero las empresas no son las únicas que hacen promesas sobre la neutralidad de carbono. El artículo seis del Acuerdo de París, cuyos detalles serán negociados en la COP28, podría permitir a los Estados invertir masivamente en el mercado de los créditos de carbono.
Los países en desarrollo cuentan con esto para financiarse. “Es difícil decirles simplemente ‘basta’,” admite una experta francesa de las negociaciones climáticas. Y las petroleras ven en los créditos de carbono un medio económico de avanzar hacia la “emisión neta cero.”
La presidencia emiratí de la COP28, organizada en Dubái, espera “progresos” para “dar credibilidad a los mercados de créditos de carbono.” Arabia Saudita ya anunció un mecanismo nacional de compensación de las emisiones de sus empresas “alineado con el artículo seis″ del Acuerdo de París.
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Ecoimpostura “a gran escala”
Los medios informaron también de la preparación de un acuerdo para que Libera entregue la protección de sus bosques tropicales en un 10% de su territorio a una empresa emiratí presidida por un miembro de la familia en el poder en Dubái, con el objetivo de que obtenga créditos de carbono.
”El activismo” de esos países podría conducir a “operaciones de ecoimpostura a gran escala,” afirma Alain Karsenty, economista del Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para el Desarrollo.
Investigadores y ONGs se pronuncian por el final de la compensación para pasar a una lógica de “contribución”: empresas y Estados que financien proyectos necesarios para la reducción de emisiones sin utilizar créditos de carbono para reclamar una ilusoria neutralidad de carbono.
Frente a esta perspectiva casi utópica, Barbara Haya impulsa una reescritura de las metodologías por parte de expertos independientes, auditorías “sin conflicto de interés” y una mayor transparencia en los datos.
“¿Es posible en el marco del sistema de la ONU? Sería necesario que tengan la voluntad de hacerlo. Y lo que me preocupa es que las negociaciones parecen ir en la dirección contraria,” concluye la investigadora.
