EscucharCaracas. El gobierno de Venezuela intensificó los “ataques al espacio cívico y democrático” con el propósito de “silenciar a la oposición o la crítica” al Ejecutivo de Nicolás Maduro, según un informe divulgado este miércoles por una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó las acusaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país entre enero del 2020 y agosto del 2023. Concluyó que existen “motivos razonables para creer que se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias” en ese periodo.
Además, los expertos documentaron 28 casos de tortura u otros tratos crueles contra personas detenidas, incluyendo 19 casos de violencia sexual.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas contra opositores y que se atribuyen al gobierno de Maduro.
En su nuevo informe, el grupo destaca que desde principios del 2021 recibió “menos acusaciones de violaciones graves de derechos humanos contra personas opuestas al gobierno o percibidas como tales”.
No obstante, este tipo de incidentes “continúan ocurriendo (...), recientemente (...), de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
El informe acusa al Estado de recurrir a “amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, difamación y censura” con el fin de “reprimir a la oposición”.
“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado que se utiliza con diferentes niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, comentó Francisco Cox, experto de la misión.
Patricia Tappatá Valdez, otra experta, denunció la “actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales” que “restringen los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos”.
Este panorama es “particularmente alarmante”, ya que Venezuela celebrará elecciones presidenciales en 2024, para las cuales fueron inhabilitados la exdiputada opositora María Corina Machado y los líderes opositores Henrique Capriles y Freddy Superlano.
Nicolás Maduro fue reelegido en 2018 en unas elecciones boicoteadas por la oposición y no reconocidas por muchos países, incluyendo Estados Unidos.
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En 2019, Washington y una parte de la comunidad internacional reconocieron a Juan Guaidó como líder de la oposición y presidente interino. La presidencia interina de Guaidó llegó a su fin en enero, según la oposición venezolana, que consideró que no había logrado sus objetivos de cambio político.
