EscucharSan Salvador. Organizaciones civiles de El Salvador pidieron este lunes al presidente Nayib Bukele “no ceder a las presiones” de empresas mineras que buscan extraer oro en este país centroamericano.
La explotación de oro no es “para beneficio de los sectores empobrecidos” de El Salvador sino “para proteger los intereses de los países ricos”, según un comunicado de 13 agrupaciones, entre oenegés, movimientos sociales y la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Bukele abrió el debate cuando calificó el miércoles como un “absurdo” prohibir la minería en El Salvador, vigente desde 2017, y el domingo reiteró que es necesario levantar esa medida para atraer inversiones pues hay yacimientos de oro, litio, cobalto, níquel, tierras raras, platino y silicio, entre otros.
Para las organizaciones, la minería causaría daños en el estratégico río Lempa, que abastece la capital.
La zona norte del país, donde hay oro y que abarca los departamentos de Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y la Unión es una de las “áreas más frágiles” porque nacen y corren muchos afluentes del río Lempa, según el comunicado.
Las organizaciones recordaron que El Salvador tiene apenas un territorio de 20.742 km² y es vulnerable a fenómenos sísmicos, lo que aumenta el impacto y los riesgos de la actividad minera.
“En la situación en la que está el país implementar la minería metálica sería el tiro de gracia para nuestro ambiente”, declaró el vicerrector de la UCA, Omar Serrano.
El ambientalista Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin), advirtió que pareciera que “hay una coordinación entre gobiernos” de la región para impulsar la minería.
La semana pasada, el gobierno de Nicaragua aceleró la entrega de concesiones a empresas chinas, y Costa Rica presentó un proyecto de ley para levantar la prohibición y explotar una mina de oro en el norte del país.
La presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), Vidalina Morales, auguró que la minería significará “más represión, más criminalización” para los ambientalistas.
La Iglesia católica, que al igual que la UCA apoyaron decididamente en 2017 la ley contra la minería, expresaron el domingo su total rechazo a la iniciativa del mandatario.
