El Mundo

Países aprueban en COP29 reglas para transacciones de carbono entre Estados

Suiza firmó acuerdos con Ghana y Tailandia para reducir emisiones mediante proyectos específicos

Bakú. Los países desarrollados podrán alcanzar metas ambientales comprando créditos de carbono a naciones de África o Asia, tras nuevas reglas adoptadas en la COP29.

Los países reunidos este sábado en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático, en Bakú, adoptaron nuevas reglas que permitirán a las naciones desarrolladas comprar créditos de carbono para cumplir con sus objetivos climáticos, en lugar de reducir directamente sus propias emisiones. La medida, que generó aplausos tras años de debate, se basa en el comercio de créditos de carbono, un mecanismo cuestionado por escándalos y falta de regulación internacional.

Hasta ahora, estos créditos fueron utilizados principalmente por empresas para compensar sus emisiones y presentarse como carbono neutrales. Sin embargo, el sistema operaba en un mercado sin normativa global. Con la decisión, los países más contaminantes podrán comprar créditos o negociar directamente con naciones que superen sus propias metas climáticas.

La iniciativa está contemplada en el artículo 6.2 del Acuerdo de París de 2015. Expertos advirtieron que este sistema podría fomentar un “greenwashing” a gran escala, permitiendo a los Estados aparentar una mayor responsabilidad climática. A pesar de ello, muchos países en desarrollo, especialmente en África y Asia, consideran estas transacciones como una fuente crucial de financiación internacional.

Los líderes mundiales y los delegados participantes posan para una foto durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) en Bakú.
Los líderes mundiales y los delegados participantes posan para una foto durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) en Bakú. (ALEXANDER NEMENOV/AFP)

Los países desarrollados financiarán proyectos para reducir emisiones en naciones en desarrollo, como reforestación, sustitución de vehículos de combustión por eléctricos y disminución del uso de carbón. Estas acciones les permitirán registrar la reducción como propia.

Antes de la aprobación de las reglas, ya se habían firmado 91 acuerdos bilaterales para 141 proyectos piloto, principalmente por Japón, Corea del Sur y Singapur, según datos de la ONU al 7 de noviembre. Suiza destacó al firmar acuerdos con Ghana y Tailandia. En Ghana, busca disminuir emisiones de metano provenientes de residuos; en Tailandia, financiará una flota de autobuses eléctricos en Bangkok.

“Si podemos reducir emisiones en el extranjero y ayudar a esos países al mismo tiempo, todos ganan”, declaró el ministro suizo de Medio Ambiente, Albert Rösti, durante la COP29.

Aunque los promotores del sistema destacan su capacidad para generar ingresos en países en desarrollo, críticos señalan que permite a los países ricos evitar reducir emisiones en sus territorios.

“Es la mayor amenaza al Acuerdo de París”, afirmó Injy Johnstone, investigadora de la Universidad de Oxford, quien advirtió que muchos países podrían usar este mecanismo como atajo para cumplir metas climáticas.

Además del sistema descentralizado entre Estados, se estableció un mercado centralizado de créditos de carbono, conocido como “artículo 6.4″, abierto tanto a Estados como a empresas.

En el primer día de la COP29, se adoptaron nuevas normas para este mercado, bajo supervisión de un organismo de la ONU, con estándares mejorados.

“El mercado podrá iniciar operaciones; hay numerosos proyectos en espera”, afirmó Andrea Bonzanni, de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA), que agrupa a más de 300 empresas, incluidas BP y TotalEnergies.

Pese al optimismo, expertos cuestionan la calidad de los créditos en mercados regulados. Según Erika Lennon, abogada del Centro para el Derecho Internacional del Medioambiente (CIEL), los nuevos mercados podrían generar problemas similares o incluso peores que los sistemas voluntarios, históricamente marcados por proyectos ineficaces y daños a comunidades locales.

AFP

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